n días y semanas recientes, con el telón de fondo de las estrategias oficiales en curso contra la criminalidad, el gobierno que encabeza Felipe Calderón Hinojosa realizó en Michoacán, Nuevo León y otras entidades alardes de fuerza policial y militar para detener a presuntos protagonistas y cómplices del narcotráfico. En el curso de tales incursiones, a decir de diversos actores políticos, se perpetraron excesos y acciones ilegales, se allanaron poderes soberanos, como son las entidades que integran el pacto federal. Se ha dicho que la descoordinación, por decir lo menos, si no es que el atropello a la legalidad estatal o federal, la nula comunicación entre los distintos niveles de gobierno y la falta de respeto a autoridades constituidas, no facilitan el restablecimiento del estado de derecho en las regiones en las que éste se encuentra manifiestamente vulnerado por el narcotráfico y por otras formas de delincuencia organizada.
Los casos referidos son sólo una de las modalidades de desencuentro entre distintos niveles del poder público. Otra es la de las investigaciones divergentes, de las que se tuvo un ejemplo deplorable y exasperante a inicios de la actual administración, por la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, en la sierra de Zongolica, Veracruz, entre la procuraduría de esa entidad y las instancias federales.
En días recientes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, tras intervenir en las pesquisas por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, ocurridos en esta capital en el verano del año pasado, presentó como presuntos responsables de esos delitos a varios integrantes de la banda de Los Petriciolet, a pesar de que meses antes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) había atribuido la autoría del plagio y del homicidio de Martí a integrantes de la banda de La Flor, dos de los cuales se encuentran actualmente sujetos a proceso penal.
El encontronazo en las investigaciones evidencia, en primer lugar y una vez más, una exasperante descoordinación entre los gobiernos federal y capitalino, y hace pensar que, salvo circunstancias excepcionales y aún no esclarecidas, una de las dos partes miente y que lejos de esclarecer los ilícitos referidos ha optado por presentar a la opinión pública un montaje y una falsificación.
El caso adquiere particulares ribetes de escándalo por la relevancia mediática que consiguió imprimirle el padre de la víctima, el empresario Alejandro Martí, pero también por las diferencias políticas de origen entre las administraciones que encabezan Calderón Hinojosa y Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino. Con estos elementos de contexto, se hace inevitable sospechar que o la pesquisa realizada por la PGJDF es una farsa, o que el Ejecutivo federal ha instrumentado a la SSP y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para golpear políticamente a las autoridades de la capital de la República. Sea cual sea la verdad, la doble y divergente investigación arroja como saldo inmediato una dosis adicional de desprestigio a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, combatir a la delincuencia y procurar justicia, y ello ahonda el desaliento ciudadano
Si las investigaciones difieren, los funcionarios de los dos niveles de gobierno están en la obligación de explicar a la opinión pública lo que parece una contradicción y una descoordinación mayúscula e inaceptable. Cabe pedir que dicha exposición sea conjunta y se presente a la brevedad, así como que sea verosímil y convincente.
