l Banco de México (BdeM) anunció ayer la aplicación de restricciones, a partir del próximo 21 de agosto, al cobro de comisiones en algunos rubros bancarios. Entre los cargos que serán eliminados figuran los correspondientes a saldos por debajo del mínimo, cancelación de cuentas o por exceder el saldo en tarjetas de débito, así como por cancelaciones de servicios (consultas por Internet, tarjetas de crédito o débito o domiciliación de pagos).

Las medidas anunciadas son positivas en sí mismas, pero tardías e insuficientes: en marzo pasado, ante la presión legislativa para reducir las comisiones, desmesuradas en nuestro país en comparación con las que en sus naciones de origen cobran las matrices de los bancos, el BdeM se había negado a actuar y se había plegado, junto con las comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Federal de Competencia (CFC) a los alegatos de los banqueros, de que restricciones en ese sentido reducirían competitividad a las empresas bancarias e inhibirían la innovación.

Es razonable suponer que, de entonces a la fecha, las comisiones leoninas han causado graves perjuicios a la maltrecha economía. Por otra parte, la limitación a los cobros referidos es a todas luces insuficiente, pues el mecanismo más nocivo para usuarios individuales y pequeñas empresas es el conjunto de desorbitadas tasas de interés que cobran los bancos, las cuales no guardan ninguna proporción con las que esas mismas instituciones pagan a los ahorradores ni con las que rigen en los mercados internacionales. De hecho, en la presente crisis mundial, el desmesurado margen de intermediación aplicado en México por las filiales de las corporaciones crediticias trasnacionales les ha permitido acudir al rescate de sus matrices en el extranjero.

El descontrol oficial sobre las corporaciones crediticias privadas en el país agrava la parálisis económica y dificulta la necesaria reactivación. Para las clases medias –que conforman el segmento más importante del consumo individual–, las altas tasas de interés y el injustificable costo de los servicios bancarios constituyen un lastre inocultable y gravoso.

Lo anterior pone de manifiesto la ausencia de medidas eficaces, ya no se diga oportunas, para sacar a la economía nacional de la recesión en la que se encuentra, traducida en un alarmante incremento del desempleo y de la pobreza y, en general, en una caída de los niveles de vida de la mayor parte de los mexicanos.

Otro dato revelador de la ausencia de voluntad política para enfrentar la crisis es la declaración formulada anteayer por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, quien, ante el aumento en el número de pobres registrado en los primeros dos años de esta administración –dato dado a conocer un día antes por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social–, dijo que no es un reflejo de la realidad, que la tendencia a largo plazo de ese indicador es más bien decreciente y que, en consecuencia, vamos por el camino correcto.

La cifra oficial indica que entre 2007 y 2008 las personas en situación de pobreza patrimonial y alimentaria pasaron de 44 a más de 50 millones, y fue cuestionada por el investigador Julio Boltvinik, quien señaló que una medición más precisa y certera arroja una cifra de pobres cercana a los 80 millones, 75 por ciento de la población nacional. Pero, incluso si se toma por bueno el número oficial, resulta exasperante que la caída de 6 millones de mexicanos en la pobreza sea irrelevante para los gobernantes en turno y que no dé pie a una rectificación profunda y honesta de las políticas económicas vigentes.

En concordancia con esta actitud omisa y despreocupada, el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se felicitó el pasado lunes de que el desempleo se haya disparado nada más 3 por ciento en lo que va de este año. Por lo que puede verse, a pesar de los desastres sociales que está provocando en México la recesión mundial, las autoridades permanecen atrincheradas en su posición inicial, cuando auguraban que la crisis que estalló a finales del año pasado no tendría graves consecuencias para nuestro país, el cual, según la expresión empleada entonces por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, provocaría sólo un catarrito.