Luego de que la embajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso Asfura, declaró que el lunes pasado uniformados de la Policía Bancaria Industrial (PBI) no le permitieron la entrada a las instalaciones de la legación de Honduras en México, ubicada en calles de la colonia Condesa, la dependencia informó que los uniformados que prestan sus servicios reciben órdenes directas de las sedes diplomáticas.

Los elementos de la PBI recibieron instrucciones del primer secretario de la sede diplomática hondureña, Rigoberto López Orellana, de no permitir el acceso a la embajadora, luego de ser destituida por autoridades del gobierno de facto de Roberto Michelleti. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, al enterarse del incidente cambió a los policías de la PBI, ordenó al nuevo personal de vigilancia facilitar a Bueso Asfura continuar con sus funciones y dispuso de un guardia de seguridad para que le brinde protección personal.

Mondragón y Kalb explicó que la vigilancia en las sedes diplomáticas que se encuentran en la ciudad de México es parte de un acuerdo internacional y que las representaciones extranjeras no pagan por los servicios que prestan los policías a su cargo en las embajadas, de la misma manera que las sedes diplomáticas mexicanas que se localizan en otros países tampoco remuneran por el servicio.