Aun cuando en el país existen más universidades privadas que públicas, su cobertura es mucho menor. Mientras que las instituciones de educación superior (IES) públicas del país, que son casi 800, atienden a 67 por ciento de la matrícula total en licenciatura y posgrado, el sistema privado, con más de mil 400 colegios, sólo cubre 33 por ciento, revelan datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el Plan de Desarrollo 2008-2011 de la máxima casa de estudios, autoridades universitarias aseguran que el principal reto de ese nivel educativo een México es el incremento de la matrícula, pero los apoyos presupuestales son insuficientes para tal objetivo.

La media nacional de cobertura en este nivel es apenas mayor a 25 por ciento –uno de cada cuatro mexicanos en edad de asistir a la universidad lo puede hacer–; sin embargo, existen disparidades, pues las personas con menos recursos económicos tienen menos oportunidades de ingresar a esta formación académica.

La información de la UNAM expone que el nivel de cobertura en educación superior se incrementa hasta en 45 por ciento en jóvenes de familias urbanas con ingresos medios o altos, en tanto que entre quienes viven en zonas urbanas pobres y rurales el ingreso a la universidad apenas alcanza 11 y 3 por ciento, respectivamente.

En la educación superior es indudable que existen adelantos y logros importantes, aunque todavía resultan insuficientes, tanto en la cobertura de la demanda como en los niveles de calidad de las tareas que se desarrollan. Persisten problemas y retos que deben afrontarse para que las universidades e IES puedan contribuir a disminuir la desigualdad social y a elevar la competitividad de la sociedad mexicana, destaca el documento.

Las principales problemáticas en la educación superior –agrega– son la inequidad en el acceso; insuficiente respuesta para la creciente demanda; alta concentración de los servicios educativos y de la investigación en algunas regiones y ciudades; altos niveles de reprobación y deserción; bajas tasas de egreso y titulación que registra la mayoría de las IES, y desarticulación y heterogéneo desarrollo de las instituciones, lo que dificulta su coordinación y cooperación.

El viraje en las políticas gubernamentales en la materia durante las dos últimas décadas –refiere– es otro de los problemas a los que se enfrenta este nivel educativo, particularmente en el sistema público. El cambio más importante ha sido, sin duda, el desplazamiento de la planeación por la evaluación. Se han diversificado los mecanismos para valorar a los alumnos, a los académicos, los planes curriculares y el desarrollo de las instituciones. A esto se suma el énfasis puesto (por el gobierno) en la acreditación de los programas académicos y en el reconocimiento de la calidad de las universidades mediante ese proceso.

La UNAM critica que las nuevas medidas de evaluación implican compromisos de las IES públicas para lograr financiamiento adicional, lo que las obliga a dar respuestas más rápidas y precisas bajo el predominio de criterios cuantitativos centrados en la productividad y la eficiencia.

Por ello, recomienda revisar y reformular los actuales criterios y procedimientos de evaluación de las IES, a fin de establecer un sistema que promueva su avance, basado en el carácter de la academia y en un régimen de confianza entre autoridades y académicos.

Agrega que la mayoría de las universidades públicas enfrentan una situación económica precaria, por lo que es urgente que en el país se apliquen nuevas políticas de financiamiento a la educación superior y a la investigación, las cuales “deben sustentarse en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de asegurar la atención prioritaria a actividades estratégicas para el desarrollo nacional.

Es indispensable otorgar la más alta prioridad a la formación, la ciencia, la tecnología y la cultura, no sólo en el discurso, también en el presupuesto. La educación universitaria es crucial para que México transite hacia una auténtica sociedad del conocimiento en los años por venir, destaca.