Ilse Michel, uno de los 11 menores desaparecidos del albergue Casitas del Sur, podría estar en Monterrey, Nuevo León o en Guatemala, informó la madre de la pequeña, Mayra Martínez Estrada, según lo que les ha informado la Procuraduría General de la República (PGR). Incluso, agregó, su hija podría estar en poder de un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal, según declaraciones que ha hecho a diversos medios de comunicación Ernesto Ramírez Michelsen, miembro del patronato de Reintegración Social, que administraba la citada casa hogar.

En el caso de Jesús Alejandro, otro de los niños cuyo paradero se desconoce, la PGR señaló que se encuentra en manos Juan Carlos Tufiño Díaz, miembro de la agrupación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, y su esposa, Kenia Priego, quienes lo tenían en una casa en Cancún, Quintana Roo, afirmó la madre del menor, Trinidad Espinosa Sánchez, quien afirmó que personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) le ha asegurado que Tufiño Díaz es primo del actual director general de Recursos Humanos de la dependencia, Uriel Tufiño Sandoval.

Ambas mujeres, en compañía de otros familiares de niños desaparecidos, ofrecieron una conferencia de prensa en la que revelaron algunos aspectos de las indagatorias de la PGR en torno de este caso. Al señalar que Ilse Michel fue adoptada de manera ilegal, la madre de la niña explicó que Leticia Arrieta Navarro, quien fuera profesora de inglés en Casitas del Sur, y que actualmente está arraigada, declaró ante la PGR que recibió a la menor en Monterrey, a la que posteriormente enviaron a Guatemala, donde se han realizado cateos a casas albergues.

En el caso de Jesús Alejandro, su madre, Trinidad Espinosa Sánchez, aseguró que las autoridades federales ubicaron a su hijo en Cancún, en una inmueble de los padres de la señora Kenia Priego, por lo que se realizó un operativo en el que se encontraron a tres niñas que no tenían ningún parentesco con los dueños de la casa y que declararon que Jesús Alejandro estuvo en ese lugar el año pasado, de lo cual tuvo conocimiento la PGJDF, por lo que exigió la renuncia del titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera.

Ante el poco avance para dar con el paradero de sus hijos, los afectados anunciaron que pedirán una audiencia con el presidente, Felipe Calderón, además de que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga la investigación, y acusaron a Miguel Ángel Mancera y al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, de cancelarles citas; acaso necesito ser la señora (Isabel Miranda de) Wallace o el señor (Alejandro) Martí, para que me atiendan, se quejó Trinidad Espinosa.