En contraste con las declaraciones que el miércoles pasado hizo Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán, respecto a que no se promulgaría la Ley para la Protección de la Familia –promovida por grupos conservadores locales– hasta analizar todas las opiniones de la sociedad, este sábado entró en vigor al aparecer publicada en el Diario Oficial.

Con esta promulgación, la ley –aprobada el pasado 15 de julio por 24 de los 25 diputados locales– elevó a rango constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer, legaliza el concubinato, penaliza el aborto, siempre que no existan justificaciones válidas (como peligro de muerte de la mujer por el embarazo), impide que personas solteras adopten niños y también prohíbe la unión legal entre homosexuales.

Ivette Laviada, dirigente de la Red Pro Yucatán, una de las organizaciones conservadoras y promotoras de la legislación, consideró un éxito su entrada en vigor, no es posible que personas del mismo sexo se unan legalmente y que también puedan adoptar infantes.

Mientras, Gonzalo España y Carlos Méndez, líderes de la comunidad lésbico gay en el estado, manifestaron su descontento ante la actitud de la mandataria, ya que durante su campaña electoral prometió escuchar todas las opiniones, sobre todo de las minorías y grupos vulnerables, y evitar la discriminación.

Los activistas señalaron que demandan legalizar las sociedades de convivencia, por lo que advirtieron que llevarán el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recomendación de la CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León, emitió el pasado viernes una recomendación a la alcaldía, la secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría Preventiva Municipal de Monterrey, por abusos cometidos contra un travesti, a quien policías de esa localidad detuvieron, hicieron tocamientos y luego las autoridades le impusieron una multa, acusándolo falsamente de prostituirse en la vía pública por el hecho de encontrarlo vestido de mujer, informó María Aurora Mota, de la agrupación Género, Ética y Salud Sexual.

Vanessa, a quien la CEDH identificó como Luis C., fue detenido la noche del pasado 14 de febrero sobre la calle Colón por los oficiales Ángel Morón Gutiérrez y Adrián Vensor Flores, quienes lo subieron a una patrulla y realizaron tocamientos. Posteriormente le llevaron a la Delegación de Policía, donde se le acusó de ejercer la prostitución en la vía pública, la cual es considerada una falta administrativa, por la que tuvo que pagar una multa de 600 pesos para que le permitieran salir.

Vanessa denunció el hecho ante la Secretaría Preventiva Municipal de Monterrey, que fue ignorada, por lo que acudió a la CEDH para interponer una queja.