Organizaciones de productores y ambientalistas acusaron a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) de entregar la soberanía nacional alimentaria a empresas trasnacionales, como Monsanto y Pioneer, y de simular la participación ciudadana por medio del consejo consultivo mixto.

Son las grandes compañías las que definen la política de bioseguridad del país, aseveró Adelita San Vicente, directora de la asociación civil Semillas de Vida, al mencionar que la convocatoria de la Cibiogem para cubrir cuatro vacantes en el consejo consultivo mixto es por el interés del Poder Ejecutivo de simular la participación ciudadana para avalar sus decisiones en materia de bioseguridad.

Este lunes, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, instalará la red mexicana de monitoreo de organismos genéticamente modificados.

Gastos onerosos para justificar la supuesta participación ciudadana

Cati Marielle, de Grupo de Estudios Ambientales (GEA), dijo que es inaceptable mantener aparatos tan costosos como el consejo consultivo mixto de la Cibiogem sólo para justificar una supuesta participación ciudadana, mientras las decisiones fundamentales para el futuro de las semillas, campesinos y alimentación se toman sin verdaderos procesos de debate y consulta pública.

Puso en tela de juicio la convocatoria emitida por la Cibiogem y el silencio que la comisión ha guardado en torno al estudio publicado en la revista científica Plos One, sobre la posible contaminación transgénica de semillas de maíz distribuidas por el gobierno.

Recordó que en la carta de renuncia del pasado 18 de marzo, cuatro organizaciones asentaron que su responsabilidad era manifestar la oposición de miles de ciudadanos a la introducción de maíz genéticamente modificado. No queremos ser parte de una farsa y menos cometer algún ilícito. Demandamos al Ejecutivo actúe de manera imparcial frente a un asunto que implica al principal alimento de los mexicanos, expusieron en el documento.

Las organizaciones reiteraron su exigencia al gobierno de apegarse a la Constitución y a la Ley de Bioseguridad y no avalar procesos ilegales que ponen en riesgo las diversas razas de maíz.

La consulta pública en torno a los permisos de siembra de maíz transgénico concluyeron y las empresas Monsanto y Pioneer esperan que se emita la resolución antes del inicio del ciclo otoño-invierno 2009-2010.