l anuncio formulado ayer por el titular del Ejecutivo federal de que su gobierno implantará un documento de identidad con datos biométricos retoma una historia de intentos realizados en sexenios anteriores para establecer un padrón único y centralizado de la totalidad de la población. Ciertamente, los planes correspondientes –todos ellos frustrados hasta ahora– tienen como objetivo suprimir la discrecionalidad y la anarquía imperantes en materia de documentos de identificación.
Cabe recordar que, hasta hace unos años, las dependencias oficiales y las empresas privadas aceptaban, de manera indistinta, la cartilla del servicio militar (en el caso de los hombres), el pasaporte, credenciales del Instituto Mexicano del Seguro Social o la licencia para conducir. Esta última empezó a ser rechazada como documento identificatorio en la mayor parte de los trámites oficiales y bancarios luego que se evidenció la facilidad con que podía obtenerse un permiso apócrifo; sin embargo, se siguió aceptando el pasaporte, pese a que también ese documento era fácilmente falsificable. Por su parte, la Clave Única de Registro de Población resultó inoperante, pues el documento correspondiente carece de fotografía. A fin de cuentas, la generalidad de las dependencias y entidades empresariales terminaron por exigir la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, como una vía prácticamente universal de identificación.
Pero, más allá de la necesidad de contar con documentos y criterios uniformes en este requisito, cabe preguntarse hasta qué punto resulta aconsejable, o deseable, poner en manos de una dependencia del gobierno federal –la Secretaría de Gobernación, presumiblemente– un poder tan vasto como el que se derivaría de un registro biométrico de toda la ciudadanía. En efecto, en las condiciones de descomposición y corrupción imperantes, y ante las tendencias autoritarias que se manifiestan en forma cada vez más desembozada en el régimen actual, un padrón semejante podría colocar a los registrados en él en situaciones de absoluta indefensión y en riesgo de sufrir atropellos, extorsiones o acosos de malos servidores públicos. Habida cuenta de la creciente criminalización de las luchas sociales por parte del gobierno, con el sistema propuesto se amplía, por añadidura, el margen para la represión y la persecución política. Adicionalmente, nadie puede garantizar que los expedientes que se generasen con el uso regular y obligatorio de un documento como la cédula de identidad biométrica no fueran usados en forma indebida con propósitos delictivos o meramente mercantiles.
Lo anterior no es un exceso de suspicacia: en tiempos recientes se descubrió que el padrón electoral del país había sido adquirido por una firma estadunidense de mercadotecnia y tuvo lugar el escándalo del malogrado Registro Nacional de Vehículos (Renave), que fue dirigido nada menos que por Ricardo Miguel Cavallo, un sujeto de nacionalidad argentina responsable de crímenes contra la humanidad y de tráfico de automotores robados.
De entonces a la fecha se ha incrementado la penetración de grupos delictivos en las instituciones oficiales y se ha establecido que una buena parte de los integrantes de las corporaciones policiales podrían estar vinculados con el crimen organizado. Por ello, sin poner en duda la necesidad y la pertinencia de un sistema de identificación universal, el presente no parece ser el mejor momento para instrumentarlo.
