La Subsecretaría del Sistema Penitenciario del gobierno de la ciudad ignoraba la existencia de la Cooperativa de Internos, ex Internos y Familiares de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, reconoció la titular de esa dependencia, Celina Oseguera Parra, quien señaló que ya se inició una investigación sobre el funcionamiento de dicha organización, que de acuerdo con denuncias de familiares y organismos de defensa de los derechos de presos, es utilizada como fachada para extorsionar.

Sin dar mayores detalles, la funcionaria afirmó que uno de los fundadores de dicha cooperativa es un ex interno que murió hace cuatro años. Se está haciendo una investigación, cuyos resultados pronto se darán a conocer.

Entrevistada luego de firmar un convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del DF, con el cual se busca apoyar a la población indígena en reclusión, Oseguera Parra dijo que se realiza todo un seguimiento, el cual está por concluir, sobre el funcionamiento de dicha cooperativa.

Señaló que con el fin de atacar las extorsiones que se realizan desde el interior de los reclusorios contra familiares de internos, la Dirección Ejecutiva de Seguridad de la subsecretaría realiza operativos permanentes y sorpresivos, lo que ha permitido que de enero a la fecha se hayan decomisado mil 350 teléfonos celulares.

Asistencia a indígenas

Por otra parte, indicó que los reclusorios Norte, Oriente, Sur, Penitenciaria, Centro de Readaptación Social Varonil y el penal femenil de Santa Martha, han sido considerados por la Conferencia Nacional de Prevención y Readaptación Social entre los 28 centros penitenciarios en los que se instalarán nuevos equipos para bloquear el uso de celulares, lo que se hará con recursos federales.

En cuanto al apoyo a la población indígena en reclusión, explicó que quienes estén presos por delitos no graves recibirán apoyo económico para pagar fianzas, multas o reparación de daño; además de que se llevarán a cabo proyectos educativos y productivos para ayudar a los 456 indígenas presos, de los cuales 33 son mujeres, provenientes de Oaxaca, estado de México, Veracruz y Puebla.