os que tenían evaluaciones reduccionistas, equiparando a Obama con Bush, tienen que reevaluar de inmediato sus visiones equivocadas. Bastó el golpe en Honduras –la primera gran crisis latinoameriana desde el relevo en la Casa Blanca– para que se viera cómo Estados Unidos recupera capacidad de acción en un continente donde la había perdido casi por completo.
Bush seguramente no habría condenado el golpe, menos todavía presionado a los golpistas para que aceptaran el retorno del presidente depuesto; el golpe en Venezuela lo certifica. Pero lo hacen en un contexto en que los gobiernos latinoamericanos, que habían logrado dirimir por sí mismos conflictos anteriores, como fue el caso entre Ecuador y Colombia, a raíz de la invasión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, en la reunión realizada en República Dominicana retomaron las relaciones, ahora perturbadas por la nueva ola de denuncias irresponsables de Uribe, Colombia y Venezuela se ven apartados de la solución de la crisis hondureña. La existencia de Unasur, con un Consejo de Seguridad Sudamericano donde, por primera vez, no está Estados Unidos, que se limitó a mandar su flota naval, como para demostrar que sus armas son otras que las políticas, revela cómo el continente tiene formas propias para zanjar sus problemas y sus crisis.
Aun con ese poder de iniciativa, se cometió el error de aceptar la intermediación de Óscar Arias, no por casualidad propuesta por Hillary Clinton, que representa el ala más conservadora del nuevo gobierno estadunidense. Aun contando con la unánime condena internacional al golpe y el apoyo al retorno de Zelaya al gobierno, el movimiento dirigido por el presidente hondureño aceptó la intermediación de Arias que, si bien lo recibió cuando fue expulsado por los militares de su país, además de haber mediado en los acuerdos de Contadora –que le valieron el Premio Nobel de la Paz–, retornó a la política costarricense para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Uidos. Tuvo grandes dificultades para triunfar por muy pequeño margen en las elecciones, tan es así que fue obligado a convocar a un referendo sobre el TLC, donde también triunfó por un margen muy pequeño. Es el hombre de Estados Unidos en la región, cuando otros gobiernos, como los de Nicaragua, El Salvador y el mismo Honduras, se distancian de Washington.
Arias se comportó exactamente como quería Estados Unidos. Promovió un reconocimiento de hecho al gobierno golpista, poniendo a las dos partes a negociar como si tuvieran estatutos similares. Planteó en primer lugar la condición de que Zelaya retorne a la presidencia, pero renunciando a cualquier iniciativa propia, haciendo que termine su mandato, simplemente para mantener la continuidad institucional, como si ésta no hubiera sido claramente vulnerada. Ni siquiera se acusaría a ningún golpista, al contrario de lo anunciado por Zelaya, que pretende sancionar a los militares que han perpetrado el golpe. Se terminaría el mandato, sin pena ni gloria, y como Zelaya perdió las elecciones internas del partido al que todavía pertenece, no concurriría con ninguna alternativa que permitiera que el pueblo se pronunciara sobre su gobierno.
Micheletti juega con la continuidad hasta que el nuevo gobierno sea elegido. La importante decisión de los presidentes del Mercosur afirma que no reconocerá a ningún gobierno surgido del golpe. Debiera ser una posición asumida por todos los que condenan el golpe.
Frente a la resistencia de Micheletti de devolver la presidencia a Zelaya, Estados Unidos pasó a una alternativa, que es la de que las fuerzas armadas acepten las condiciones propuestas por Arias. Se dice que la declaración de los altos mandos militares hondureños fue redactada en Washington, en la oficina de un senador demócrata estadunidense, para terminar de confirmar que el gobierno de Obama busca de todas formas salvar la apariencia de institucionalidad, como si no hubiera habido ya una ruptura de la institucionalidad democrática, que impide que Zelaya gobierne y que someta a su pueblo una alternativa de continuidad política fuera de las oligarquías que han dominado siempre al país, responsables de que sea uno de los más pobres del continente.
Así, tampoco se puede aceptar que Zelaya reasuma simplemente para concluir su mandato, como si nada hubiera pasado –es decir, sin la punición de los golpistas, entre ellos los altos mandos de las fuerzas armadas, la alta cúpula del Poder Judicial, políticos y dirigentes de los dos partidos tradicionales–, ni que el pueblo pueda pronunciarse sobre el gobierno de Zelaya, que debiera poder lanzar un candidato que represente la continuidad de su gobierno, por alguno de los partidos alternativos.
El retorno de Zelaya para cumplir su mandato simplemente, sería la victoria de la postura estadunidense, que salva las apariencias como condenando el golpe, sin castigar a los responsables, haciendo que se cumplan las semanas que faltan del mandato de Zelaya, que se retiraría del gobierno y con ello se terminarían las alternativas que empezaba a construir para Honduras.
Hace tiempo, desde el golpe en Venezuela, se han incrementado las ofensivas contra los gobiernos de Lula, Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner, pues la derecha intenta frenar la ola de gobiernos que salen del consenso neoliberal que los conservadores, apoyados por Estados Unidos, han impuesto en el continente. En caso de que logren su objetivo en Honduras, habrían encontrado una vía sui generis, sin victoria electoral y sin ensuciar sus manos, para intervenir directamente en un golpe. Sería la primera victoria del gobierno Obama en el continente, en un momento en que las posturas bushistas de Uribe amenazan con situaciones muy difíciles para el nuevo gobierno estadunidense, haciendo retroceder al escenario de aislamiento total en la región, cuando Colombia era su gran aliado.
Los gobiernos que han condenado el golpe en Honduras, que han construido la Unasur y el Consejo Sudamericano de Defensa, tienen que hacerse responsables por una solución democrática para la crisis hondureña, al igual que deben hacerse cargo de los conflictos que rebrotan entre Colombia y sus vecinos, para parar definitivamente los chantajes de Uribe, que sirven apenas para recubrir su proyecto de instalación formal y abierta de una base militar estadunidense en su país. Lo cual, además, choca con la pertenencia al Consejo Sudamericano de Defensa, que debería reunirse para exigir una declaración formal del gobierno colombiano de que no violará los acuerdos del Consejo.
O América Latina se hace cargo de sus problemas y de su destino, definitivamente, o el imperio, bajo una u otra forma, volverá a dictar las reglas en la región que más ha avanzado en el mundo en los procesos de integración regional y de construcción de alternativas al modelo neoliberal.
