Guadalajara, Jal., 31 de julio. El presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Gari, alertó sobre la posibilidad de que el conflicto de límites territoriales entre Jalisco y Colima pueda cobrar víctimas mortales, a partir del plantón que indígenas nahuas mantienen ante la comunidad Las Pesadas, donde al menos un centenar de policías colimenses incrementaron el cerco que mantienen desde el lunes pasado en torno al poblado.

González Gari señaló que el 27 de julio pasado, cuando unos 120 nahuas llegaron a Las Pesadas, se les impidió ingresar a la comunidad y acamparon en las afueras del poblado, que se disputan como suyo los municipios de Cuautitlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, conflicto que ambas entidades mantienen desde hace décadas, y que abarca prácticamente todos los límites que comparten ambos estados, desde la sierra, donde se encuentran la nación nahua y grandes consorcios mineros como Peña Colorada, hasta la costa, donde intereses hoteleros ligados a la familia tapatía Leaño también han motivado periódicas tensiones.

El activista recordó que el estado de excepción en Las Pesadas inició en enero de 2008, cuando el Ejército Mexicano salió de la zona y llegaron policías de Colima tratar de cubrir el vacío de autoridad. Desde el lunes anterior, la movilización indígena motivó la llegada de patrullas, y González Gari dijo tener conocimiento de que hay hasta 200 uniformados de Colima, en un poblado que no llega a los 100 habitantes.

Los nahuas se encuentran en estado de resistencia, en plantón situado en este poblado, sin agua, escasa alimentación, falta de seguridad y nula protección de las autoridades competentes de Jalisco. No olvidemos que los nahuas viven en el centro del litigio territorial más antiguo y sangriento del país, desde hace 89 años, y lo menos que hace falta en ese territorio son policías como los que Colima colocó mediante dos retenes, manifestó.

Dijo que además de Las Pesadas, otras comunidades como El Platanar, correspondiente al ejido Plan de Méndez, Jalisco, y un pequeño rancho conocido como Potros, en la misma demarcación, sufren acoso por parte de policías municipales de Minatitlán.

El reforzamiento policiaco en la zona se dio por instrucciones de la secretaria general de Gobierno de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, a quien el presidente de la Red responsabilizó de cualquier hecho de violencia resultado del despliegue de fuerza.

También hacemos responsables a las autoridades competentes, que olvidan ciegamente esta situación de emergencia. Nuestras autoridades estatales (Jalisco) no quieren enterarse de la evidente manipulación de hechos por las autoridades estatales y municipales de Colima para articular procesos legales, al acusar a los nahuas de causar daños a la infraestructura municipal, sin precisar en qué consisten y cuál es su magnitud, con el fin de atacar los derechos de los propietarios ancestrales de la tierra que disputa el gobierno de Colima, amañando procesos legales y fabricando delitos para imponer intereses y saquear los recursos naturales y mineros en su provecho, generando una política violatoria de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la población indígena afectada, agregó.

González Gari se congratuló de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos derivara el asunto a su similar nacional, y urgió para que ésta intervenga, ante el estado de emergencia que prevalece en la región.