l gobierno federal anunció ayer, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su intención de reducir gradualmente el subsidio al consumo doméstico de electricidad, lo que en los hechos implicará que los usuarios tengan que desembolsar más dinero para saldar el costo de la luz. De tal forma, la presente administración pretende hacer frente a la pérdida de ingresos fiscales por concepto de la baja en los precios internacionales del petróleo y de la disminución en la recaudación tributaria, que ha llevado a las autoridades a anunciar recortes por 85 mil millones de pesos en el gasto público.

La medida, en sí misma ofensiva para la economía de millones de familias, constituye un agravio adicional para la población en su conjunto en una circunstancia como la presente, en la que convergen índices crecientes de desempleo (este año se perderán alrededor de 735 mil plazas formales, según estimaciones oficiales), caídas en las remesas desde Estados Unidos, inflación, carestía y condiciones generalizadas de desastre que se suman a las desigualdades económicas y sociales de siempre. Adicionalmente a esos aumentos habrá que añadir otros, como los que se deriven del retiro de subsidios en las gasolinas –también anunciado por las autoridades hacendarias– y los incrementos que registrarán las cuotas de las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales a partir del próximo 4 de agosto.

Los elementos mencionados confirman que, ante un escenario particularmente devastador en lo económico y lo social, el gobierno no tiene más receta que continuar los dictados de un modelo en manifiesta bancarrota: sacrificar a los sectores mayoritarios de la población, eludir a toda costa el déficit público, tranquilizar a los grandes capitales e instar a la gente común a apretarse el cinturón. Las medidas oficiales, que debieran constituir factores de tranquilidad ante la crisis, se han vuelto, en cambio, indicadores contundentes de la insensibilidad gubernamental, de la falta de previsión de las autoridades y del alejamiento de la realidad en que viven los funcionarios de la presente administración.

Por si fuera poco, la pretensión de recortar subsidios ocurre en el momento menos propicio en términos políticos, habida cuenta que al día de hoy se desarrolla, en distintos puntos del territorio nacional, un amplio movimiento de protesta por los elevados cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad por consumo de luz (los cuales se han disparado en casi 54 por ciento en los nueve años de administraciones federales panistas). Estas expresiones de inconformidad han derivado ya en actos de represión y persecución oficial, que son, a su vez, potenciadores del descontento social: baste mencionar, como botón de muestra, la detención injustificada de activistas del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica, ocurrida en el municipio de La Candelaria, Campeche.

La ostensible indolencia del gobierno calderonista podría resultar muy costosa en términos políticos y sociales, y derivar en nuevos escenarios de inconformidad en todo el país. Es necesario, por tanto, que las autoridades atiendan las voces de disgusto que ya han comenzado a configurarse y a cobrar fuerza, que entiendan la pertinencia y la necesidad de emprender un viraje profundo en las medidas anticrisis adoptadas y que desistan, por lo pronto, de asestar nuevos reveses a la economía popular, como los que implicarían los aumentos referidos.