Tegucigalpa, 31 de julio. O se revierte el golpe o viene la violencia generalizada, dice José Manuel Zelaya al Canal 4 de la televisión nicaragüense, en Managua, en una entrevista que sus partidarios conocen por la tarde, tras concluir la marcha correspondiente al día 34 de la resistencia.

La violencia, por lo pronto, viene del gobierno de facto –salvo por las piedras que a veces lanzan los zelayistas– y está a tono con el endurecimiento de Roberto Micheletti, quien la noche del jueves amenaza por partida doble: Vamos a poner orden en este país, afirma en referencia a los bloqueos de carreteras. Y mientras la Unión Europea anuncia la posible restricción de visas a ciertos miembros del gobierno de facto, en consonancia con la decisión de Estados Unidos, Micheletti amaga con pagar con la misma moneda a los diplomáticos del país que tiene aquí una base militar.

Unos 5 mil partidarios de Zelaya marchan de nuevo por las calles de esta ciudad. La policía no los toca, quizá porque hoy no bloquean ningún acceso carretero, sino únicamente por breves lapsos algunos cruceros importantes de la ciudad.

En cambio, la policía, con el apoyo del ejército, desaloja un bloqueo de la carretera Panamericana, en el Departamento de Santa Rosa de Copán, fronterizo con Guatemala, y detiene a más de 50 personas.

“El fondo del problema no es Mel. Son los grupos de poder que se sintieron amenazados, pero el pueblo se ha levantado y está decidido a seguir luchando pacíficamente por la liberación total, contra los poderes fácticos internos y externos”, expresa a Radio Progreso el sacerdote Fausto Milla, oculto porque pesa sobre él una orden de aprehensión, según denuncia de la resistencia.

Los zelayistas bloquean también carreteras en San Pedro Sula, Silín (en el Caribe) y Olancho, y denuncian golpizas mientras preparan una marcha nacional para el lunes.

No fue golpe, fue insurrección

Ramón Custodio, uno de los cuatro funcionarios hondureños a quien Estados Unidos le retiró la visa diplomática, es comisionado nacional de los Derechos Humanos (el José Luis Soberanes de Honduras) y en estos días dedica casi todos sus esfuerzos a desmentir a las misiones internacionales, que han venido a este país a escuchar y denunciar detenciones, golpizas, abusos en el toque de queda y asesinatos. Han sido cuatro, conformadas por diversas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, las que han concluido que en este país hay violaciones graves o, de plano, una crisis de derechos humanos.

Custodio se queja: algunas delegaciones ni siquiera se han reunido con él, y otras, a pesar de haberlo hecho, no pusieron ni una sola palabra de las que yo les dije.

Es la queja que las elites hondureñas que dieron el golpe, o al menos lo celebraron, repiten hace más de un mes: “el mundo no ha escuchado nuestra versión, o si lo ha hecho no nos entiende, y si no nos entiende, no importa.

Custodio relabora el argumento central de los golpistas, fincado en el artículo 239 de la Constitución hondureña, que dice a la letra: El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública.

Se hace ver a Custodio que Zelaya no propuso la relección, sino una consulta que derivaría en la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre. En esa cuarta urna los hondureños depositarían sus votos favorables o contrarios a una asamblea nacional constituyente para, entonces sí, reformar la Constitución. De ganar, dicen los zelayistas, convocar a la constituyente sería tarea del siguiente gobierno.

–Zelaya no propuso la relección, sino una constituyente.

–Para allá iba –dice Custodio. –La constituyente iba a quedar instalada al final del día (el 28 de junio pasado, cuando se consumó el golpe), y los constituyentes iban a ser los que estuvieron con él la noche anterior a la consulta, y ellos lo saben.

–De modo que lo sacaron del poder por algo que iba a hacer, no por lo que había hecho.

–El derecho a la insurrección no está normado en ninguna parte de este librito –dice Custodio, y muestra la Constitución de Honduras, que no suelta durante la plática.

Custodio es un médico antes ampliamente respetado por su trabajo para llevar ante la justicia a los militares que en los 80 asesinaron y desaparecieron a centenares de hondureños. Hoy su nombre aparece en las paredes de Tegucigalpa, al lado de las palabras traidor y golpista.

Ahora ha aportado una nueva definición a lo ocurrido el 28 de junio: no fue, como dicen otros miembros del gobierno de facto, una sucesión constitucional, sino una insurrección.

La misma que pide Zelaya desde Nicaragua, donde ya se entrenan sus milicias desarmadas: Los pueblos tienen derecho a la protesta, a la insurrección. Tal es el caso del pueblo hondureño, que está siendo reprimido brutalmente.

Los pacifistas

¿Los cascos azules?, se pregunta Custodio, y se responde: Esto no es Haití ni Ruanda, por lo que tendríamos que demostrar al mundo que ningún ejército ha sido hecho para ocupar esta nación. Vamos a resistir, y yo voy a dejar de ser pacifista.

Por lo que Honduras deja ver, y por los necios datos duros, Custodio debe ser de los pocos pacifistas en este país.

El centro comercial Multiplaza, a unas calles de la casa presidencial, tiene cines, locales de comida rápida, tiendas de ropa y un supermercado. Es igual a cualquiera. Con una diferencia hondureña: en cada uno de sus negocios, incluido el más pequeño, hay uno, dos o más guardias de seguridad privada armados, las más de las veces con escopetas.

Se diría que se debe a la proximidad del centro del poder nacional. Pero no. Una tienda mediana de electrodomésticos, en una alejada colonia popular, tiene cuatro guardias en la puerta: todos armados. Y en el centro hay una paletería con apenas tres mesitas y dos empleados: la mujer que despacha y el guardia armado.

Los camiones repartidores de refrescos viajan siempre con hombres armados, y en las carreteras es común la escena de convoyes de camiones de carga acompañados por una camioneta con seis escoltas.

Según datos de organismos internacionales, Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Pero Honduras se lleva las palmas: aquí se cometen 40 por ciento de los homicidios de toda la región centroamericana (Observatorio de la Violencia, con datos de 2004 a 2007).

Hace un año, Custodio decía que Honduras estaba 5.25 veces arriba de la tasa mundial de homicidios (calculada para el año 2000 en 8.8 por 100 mil habitantes). Hoy debemos andar en seis veces más.

El año pasado, según el Observatorio de la Violencia, que trabaja conjuntamente con Naciones Unidas y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el índice de homicidios fue de 57.9 por 100 mil habitantes.

En un país de apenas 7 millones de habitantes, hay 280 mil armas registradas y, según cálculos de organismos civiles, medio millón en el mercado negro.

Muchas de las armas de la contra nicaragüense, teóricamente entregadas tras su disolución, se quedaron aquí en Honduras, donde un cuerno de chivo se puede conseguir en 250 dólares.

Y eso se nota en las calles. El pasado domingo los fanáticos del equipo de futbol Olimpia se agarraron a balazos con la policía al término del partido, con saldo de tres personas muertas y varios heridos. El jueves temprano, la policía realizó disparos para ahuyentar a los ladrones mientras el fuego consumía un mercado popular en el centro de la ciudad. En resumen, todo se arregla, o se descompone, a tiros.

Es decir que es posible un escenario de violencia generalizada, pero no una guerra civil

Pero en todo caso, estamos en desventaja, porque las armas las tienen los golpistas, comenta Bertha Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Oliva resalta que los grupos en el poder han creado un estado de inseguridad y le sacan provecho. Al pasar al retiro, los militares crean enseguida empresas de seguridad privada. Ellos venden los servicios de guardias, las cámaras, las puertas. Son unos perfectos negociantes del miedo, señala.

Según Ramón Custodio, las empresas de seguridad privada de Honduras manejan recursos cinco o seis veces mayores que la seguridad pública estatal.

El gobierno de facto reafirma hoy su compromiso con la mediación del costarricense Óscar Arias, pese a que los órganos del Estado: el Congreso y la Corte, sueltan en cascada sus objeciones al articulado del Acuerdo de San José.

El clima de diálogo

Al mismo tiempo, quizá para generar un clima favorable al diálogo, las autoridades judiciales anuncian una nueva orden de aprehensión contra Zelaya y también para otros tres de sus colaboradores.

Los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude, se suman a otras 18 violaciones de las cuales ya había sido acusado Zelaya, incluyendo traición a la patria.

Poco antes, en cadena nacional anuncia que el toque de queda se mantiene, a todas horas, en la zona fronteriza con Nicaragua, pero se suspende en el resto del territorio nacional.

A esa misma hora entra a Radio Globo la llamada de un ciudadano que no da su nombre y habla de fierros sin nombrarlos, como muchos que han llamado en los últimos días.

Habla sobre Olancho, la tierra natal del presidente Zelaya y del general Romeo Vásquez, ejecutor del golpe: A Micheletti y Romeo Vásquez queremos decirles que tengan mucho cuidado. A Romeo le recordamos que es de Olancho, y que él tiene hermanos, primos, tiene hijos. Así que se cuiden de hacerle algo a la primera dama, porque a ella la vamos a defender hasta con los dientes y con las uñas.