ualquiera pensaría que por ser la economía más poderosa del mundo y la que más gasta en salud, nuestro vecino del norte contaría con el mejor sistema de protección en beneficio de su población. La realidad es muy distinta, tiene la peor calificación entre los países más desarrollados en renglones clave: población protegida, eficiencia y calidad de los servicios, veracidad en la información, medicina preventiva y expectativas a futuro.
El sistema de salud estadunidense es sumamente complejo, coexisten seguros privados y servicios públicos, en un entorno de financiamiento mixto, federal, estatal y de los propios beneficiarios. Este ha sido motivo de múltiples iniciativas y proyectos que no logran concretarse, al enfrentar a gigantescos intereses económicos y electorales, así como una vieja disputa entre la visión pública y social que reconoce a la salud como un derecho humano fundamental, y la individualista, que la considera un negocio, por tanto, sujeta a los criterios del mercado, por lo que impone a cada ciudadano su cuidado. Hoy la discusión se enriquece con nuevos elementos: la importancia de la previsión, la presencia de riesgos epidemiológicos, la correlación entre los niveles de salud y competitividad, e incluso su vinculación con los altos índices de precariedad e inseguridad pública. Por ejemplo, las empresas se quejan de ser obligadas a competir con países que gozan de esquemas universales de protección con diferenciales de costos laborales significativos. Dean Baker, conocido economista estadunidense, proyectó la suerte de General Motors si sus costos de asistencia a la salud hubieran sido los mismos que en los existentes en Canadá, llegando a la conclusión, de que en la última década habrían obtenido ganancias del orden de 22 mil millones de dólares, suficientes para no acudir a la ayuda gubernamental para subsistir.
La suerte de los estadunidenses en materia de salud es diferenciada. Casi 46 millones, 16 por ciento de la población, carece de protección alguna; este sector crecerá a 72 millones en las próximas tres décadas, sin incluir a los migrantes indocumentados. Es impresionante un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país: “Cuatro de cada 10 estadunidenses de bajos ingresos no tienen seguro médico y la mitad de los casi 46 millones de personas sin cobertura de seguro en Estados Unidos son pobres. Alrededor de un tercio de las personas sin cobertura de seguro tienen una
Esquemas privados derivados de acuerdos laborales abarcan 60 por ciento y el universo se complementa con los beneficiarios del Medicaid, programa de asistencia pública orientado a la población con menos recursos, y el Medicare, sistema de seguros dirigido a mayores de 65 años y a algunos sectores con capacidades diferentes o enfermedades terminales, financiado básicamente con recursos de los propios beneficiarios; además de algunos seguros estrictamente individuales y el sistema de salud militar.
La iniciativa de reforma presentada al Congreso por el presidente Barack Obama lamentablemente no constituye una propuesta de protección universal; sin embargo, tiende a resolver las principales desviaciones del sistema vigente, entre ellas la ampliación de la cobertura, supresión de las crecientes ineficiencias derivadas de costos administrativos, asimetría en la información, inadecuado aprovechamiento tecnológico, fragmentación del sistema; todas ellas incrementan en más de un tercio el costo de operación. También busca revertir tendencias negativas en perjuicio de las finanzas públicas, que obligarían a incrementar su presupuesto en salud al doble en los próximos 30 años; basta señalar que el país destina cerca de 18 por ciento de su producto interno bruto a este reglón, muy por encima de Francia y Alemania, que asignan entre 10.5 y 11 por ciento; por cierto, con mejores resultados. De no haber un cambio, también la población se verá obligada a aumentar sus erogaciones hasta montos impagables, considerando las expectativas salariales y de empleo. La iniciativa ha exhibido los excesos de la privatización, la ausencia de controles y los abusos de las empresas aseguradoras, laboratorios, hospitales, farmacéuticas y del personal médico privado.
La propuesta está construida sobre la base de una racionalidad diferente que responde a las necesidades del nuevo escenario laboral, por ello, puede impactar favorablemente a otros factores, como la creación de empleo, la movilidad de los trabajadores y a reducir las diferencias entre las grandes y pequeñas empresas en temas relacionados con costos laborales y acceso a personal altamente capacitado.
Si bien Obama ha logrado acuerdos previos con algunos actores involucrados, incluyendo una parte del sector privado que admite como mejor opción ceder parte de sus intereses que transitar hacia una crisis global perjudicial para todos, se ha visto enfrentado a una gran oposición, no sólo de la extrema derecha, siempre resistente a cualquier beneficio de carácter social, sino también a una parte de los legisladores demócratas que ponen reparos a la misma. El sindicalismo en ese país, superando inercias y visiones reducidas, apoya abiertamente la reforma, pues entiende que no sólo responde al bienestar de sus afiliados, sino al de la población en general.
El contexto de esta reforma brinda muchas enseñanzas a nuestro país, pues exhibe con datos duros los riesgos de una privatización desmedida del sistema de seguridad social, que debe preservar su carácter eminentemente público y universal. También acredita la importancia de que el servicio público de salud se sujete a permanente evaluación en su desempeño, a fin de que se otorgue con calidad y eficiencia. Es buen momento para poner nuestras barbas a remojar.
