Con el fin de frenar el acoso contra las radios indígenas, que incluye el cierre violento de sus instalaciones y la persecución penal de sus operadores o administradores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, establecer una tregua y dejar de perseguir a los informadores, que siempre han enfrentado trabas de las autoridades para operar estaciones comunitarias.

El perredista Carlos Sotelo explicó que representantes de 11 radioemisoras indígenas enfrentan procesos penales por operar sin autorización, y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe al Congreso sobre las indagatorias que de manera sorpresiva se han efectuado en meses recientes.

También presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo se congratuló de que finalmente se aprobó su punto de acuerdo y la Comisión Permanente solicitó esa tregua al titular de la SG para impedir que continúen las violaciones a las garantías individuales de los radiodifusores indígenas.

Aseveró que el gobierno federal viola la reforma constitucional en materia indígena que se aprobó en 2001, ya que en ésta –artículo segundo de la Carta Magna– se ordena a Federación, estados y municipios establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administar medios de comunicación.

Sin embargo, dijo, de las mil 200 estaciones que operan en el país, sólo 13 son radios comunitarias que obtuvieron permisos para operar bajo criterios absolutamente discrecionales. Muchas otras han florecido en territorios rurales por toda la nación, fundamentalmente indígenas. Son éstas las que el gobierno de Felipe Calderón ha decidido cerrar y perseguir penalmente a los operadores.

En el dictamen de la Comisión Permanente se cita como ejemplo de radiodifusoras agredidas la estación Tierra y Libertad, de Nuevo León, que ante la falta de respuesta a su solicitud para operar comenzó transmisiones y en julio de 2008 sus oficinas fueron asaltadas por cerca de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva.

La SG abrió luego un proceso penal contra los representantes de la emisora y uno de ellos, Héctor Camero, fue consignado por utilizar un bien nacional, delito por el que puede pasar en prisión hasta 12 años.

Otro caso es el de Radio Uékakua, que operaba en una comunidad indígena de Ocumicho, municipio de Charapan, Michoacán, sin ningún fin de lucro. Por el contrario, daba un servicio social a los pobladores al transmitir en la lengua materna de éstos.

Desde 2002 esa radioemisora intentó conseguir sin éxito la autorización para operar, pero la Secretaría de Comunicaciones ni siquiera le respondió y el pasado enero confiscaron la estación.