Chilpancingo, Gro., 3 de agosto. Dos integrantes del 50 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano intentaron boicotear la protesta que realizaban unos 200 integrantes de Amnistía Internacional (AI), de las Brigadas Internacionales de Paz, y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), en las puertas del palacio de gobierno, para exigir la liberación del indígena Raúl Hernández Abundio, recluido en la cárcel de Ayutla de los Libres.

Los elementos castrenses –quienes iban vestidos de civil–, cortaron los cables del equipo de sonido instalado por los miembros de AI afuera del edificio gubernamental, pero fueron detenidos por agentes de la policía estatal y más tarde dejados en libertad. Además, en los alrededores del palacio de gobierno había varios sujetos que tomaron fotografías y grabaron un video.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, cuando una comisión de AI, encabezada por Alberto Herrera, y Kathy Price, director ejecutivo de AI en México, y la representante de ese organismo en Canadá, respectivamente, así como por los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y del Centro José Ma. Morelos y Pavón, se reunía con el secretario General de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos.

En ese momento Alberto Herrera, de AI, informó lo sucedido a ese funcionario estatal, quien se mostró descontrolado y minimizó el hecho, al decir: nosotros no tenemos nada que ver.

Minutos después se confirmó que dos efectivos del Ejército, uno de ellos identificado como Yovani Ramírez López, llegaron hasta donde se encontraba el equipo de sonido instalado por integrantes de AI, y sin mediar palabra cortaron los cables, por lo que de inmediato fueron detenidos por policías estatales, quienes los subieron a una patrulla estacionada a cien metros del palacio de gobierno.

Cuando se preguntó a los agentes sobre el paradero de los dos soldados, respondieron que ellos no los habían detenido y que quienes los arrestaron pertenecían a la policía preventiva municipal de Chilpancingo.

Sin embargo, cuando miembros de AI caminaron hasta donde estaba la patrulla, para preguntar a los ocupantes de la misma sobre el paradero de los militares vestidos de civil, contestaron que recibieron órdenes de su jefe, el comandante Benito Galarza, de que no intervinieran y dejarlos realizar su trabajo de inteligencia, por lo que los dejaron en libertad.

Durante la reunión con el secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, la comitiva expuso diversos casos relacionados con la represión que el gobierno de Guerrero ejerce contra los defensores de los derechos humanos, principalmente en el municipio de Ayutla de los Libres, contra los pueblos mixtecos y tlapanecos.

El funcionario, a nombre del mandatario estatal Zeferino Torreblanca, se comprometió a iniciar un proceso de diálogo el próximo 11 de agosto, con el propósito de analizar el caso del indígena Raúl Hernández, preso desde abril del año pasado, junto con otros cuatro indígenas miembros de la OPIM, acusados de asesinar al informante del Ejército Alejandro Feliciano García.