Militares tomaron el control de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Jalpa, localidad ubicada a 160 kilómetros al sureste de la ciudad de Zacatecas, luego de que los 40 elementos que integran la corporación fueron suspendidos temporalmente para ser sometidos a pruebas de control de confianza.

La medida se tomó después de que la noche del domingo un grupo armado baleó el edificio de la DSPM de Tabasco –población situada también en el sureste de Zacatecas–, y se presume que algunos policías de Jalpa podrían estar implicados en la agresión.

Además, este lunes los 22 policías municipales de la localidad zacatecana de Morelos, a unos 15 kilómetros de la capital, se apoderaron durante una hora de la alcaldía, para denunciar que en las pasadas seis quincenas no se les ha pagado íntegro su salario, y para exigir mejor armamento y patrullas para hacer su trabajo.

Después de una hora y con la promesa de que pronto se les reembolsará el adeudo, los uniformados se reincorporaron a sus labores bajo protesta.

En contraparte, habitantes de la comunidad de Hacienda Nueva, municipio de Morelos, Zacatecas, exigieron la presencia permanente del Ejército, porque aseguran que los policías municipales “están coludidos con Los Zetas”.

A Los Zetas se atribuye el secuestro del maestro y agricultor Abel Gutiérrez, por quien exigieron un millón de pesos para dejarlo en libertad. Tras vender propiedades y recurrir a préstamos, la semana pasada su familia logró su liberación. Ya estamos cansados de tantos secuestros en nuestro pueblo, queremos al Ejército, queremos paz, demandó una sobrina de la víctima.

Sobre lo anterior no hubo versión oficial de las autoridades, ya que la gobernadora Amalia García informó que Miguel Rivera Villa, nuevo secretario de Seguridad Pública, no está autorizado a dar ninguna declaración, hasta el próximo miércoles, cuando tenga integradas todas sus áreas.

Al mediodía de ayer, en el municipio de Guadalupe, conurbado a Zacatecas capital, la mandataria perredista encabezó un acto protocolario en la sede de la Policía Estatal Preventiva (PEP), donde hizo entrega de uniformes antimotines, así como armas a los elementos de la PEP y de la Policía Ministerial del estado.

En coordinación con el Ejército, la mandataria estatal puso en marcha un programa de canje de armas entre la población civil, por el cual, sin investigación alguna de por medio, se adquirirán pistolas en 600 pesos y armas de gran calibre en mil 200 pesos.

Dijo que el objetivo es desarmar a la población civil, y evitar que menores de edad –involucrados recientemente en actos delictivos y homicidios– accedan a las armas que sus padres.

Con 25 ejecutados inicia la semana

Chihuahua encabezó la lista de ejecuciones, con 17; en dos casos las víctimas fueron decapitadas. Después siguió Baja California, con cuatro crímenes, entre ellos el de Roberto Manjarrez, gerente de la refaccionaria del Valle, y su empleado David Arturo Castro.

Los crímenes restantes se perpetraron en Guerrero (dos), Veracruz –donde la víctima fue el ex policía ministerial Milton Francisco Martínez– y Sinaloa.