Las Pesadas, límites entre Colima y Jalisco, 8 de agosto. Las autoridades estatales panistas trabajan a marchas forzadas en Guadalajara, para limpiar –donde vea la suegra, dicen por aquí– y ofrecer la imagen de una ciudad ordenada, ante la visita y reuniones que los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México sostendrán entre domingo y lunes.

A 220 kilómetros al sur de la capital jalisciense, en este pequeño poblado, corazón del conflicto de límites territoriales con Colima, Elodia Ramos Flores, indígena nahua de 71 años de edad, pregunta: “¿quién es Omama?”.

Como Elodia, el resto de los 80 pobladores de Las Pesadas carecen de agua corriente para lavar, asearse o beber; en el dispensario médico no hay fármacos ni doctor, tampoco sacerdote en la pequeña iglesia, además de que cerró la única escuela bilingüe que enseñaba nahua y español en Jalisco.

A cambio, Elodia, habitante de toda la vida en Las Pesadas, mira a su alrededor y ve policías municipales de Minatitlán, Colima; uniformados de la Policía Estatal y patrullas de la Policía Judicial sin rotular, con empistolados vestidos de civil, también de esa entidad. Sin dirigirse al reportero, intermedia a través de su compadre, otro nahua como todos los que viven aquí: Yo siempre he sido de Jalisco.

Sustenta su dicho con una credencial electoral. El documento federal señala su nombre, edad y dice al calce: Las Pesadas sin número, localidad Las Pesadas, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

El ejemplo cunde. Varios lugareños muestran credenciales de elector, con las cuales confirman ser jaliscienses, así sea del último confín del estado, en una comunidad que autoridades colimenses tienen sitiada con gente armada por considerarla su territorio.

De poco vale su pretensión. La falta de servicios públicos, de salud y escolares es una represalia directa de las autoridades de Minatitlán, Colima, que dejó de otorgarlos luego que los lugareños se empadronaron en Cuautitlán para exhibirse como habitantes de lo que Colima considera un estado invasor. Ostentación vana además, porque de Jalisco no reciben nada.

En la capital de Colima, el gobernador Silverio Cavazos tampoco parece preocupado por la tensión en el lugar desde que el lunes 27 de julio, 150 nahuas del ejido Ayotitlán llegaron a Las Pesadas para ejecutar una sentencia definitiva dictada por el magistrado del Tribunal Agrario del decimotercer distrito (expediente 52/95), que les permite posesionarse de 40 hectáreas y retomar una parte de sus tierras ancestrales, lo que fue impedido por la policía colimense, que desde entonces reforzó su presencia en el lugar ante el plantón permanente que dejaron los indígenas tras su llegada.

Cavazos, recién terminadas sus vacaciones, reaparece en público para la presentación del libro Caracterización multivariante del perfil del joven colimense, editado por la Universidad de Colima. Al término del acto realizado en la Pinacoteca estatal, Cavazos minimiza la situación y señala en entrevista que no se trata de una nueva edición de las periódicas tensiones que se dan con Jalisco, problema de indefinición territorial que tiene 89 años en litigio.

“Es un incidente menor, hemos platicado con el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez) cuando se trata realmente de incidentes mayores; yo estoy seguro de que él no tiene nada que ver en esto, ni las autoridades de Jalisco, porque no es un tema de autoridades con autoridades, es un tema de un vival que está asesorando malamente a un grupo de ejidatarios y pretende, a través de actos de facto, llevar a cabo acciones delictivas que por supuesto no vamos a permitir”, dice.

Elodia, quien debe caminar hasta 12 kilómetros para ir por agua a uno de los pocos manantiales que no han sido contaminados por las mineras Peña Colorada o Monclova, que explotan los ricos yacimientos ferrosos en la zona –en procesos que echan a perder las cuencas naturales del líquido–, regresa al plantón para ofrecer una jarra de agua a los nahuas que forman el grupo de resistencia.

Aunque no quieran en Colima, somos de Jalisco, aunque no quieran en Jalisco, tampoco, sintetiza la vieja indígena.

La comunidad se llama Las Pesadas, porque sus piedras las componen hasta 90 por ciento de hierro, lo que se convirtió en fuente de la discordia entre Jalisco y Colima, en la que se arrastran los derechos humanos y la calidad de vida de los nahuas, además de una evidente devastación natural.

Esteban Guzmán, encargado de la Comisión Permanente por la defensa de los límites del ejido Ayotitlán, y secretario general del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, quien está a cargo del plantón que se renueva con relevos cada 24 horas, asegura que los fuertes intereses económicos en torno a la minería propician que el estado de indefinición territorial continúe de forma permanente.

Considera que los nahuas de Ayotitlán, ejido al que pertenece Las Pesadas, deben recuperar lo que es suyo. Ya estamos en negociaciones con Peña Colorada, para que comiencen a pagarnos el daño que hacen con su explotación a toda esta zona; ellos obtienen cientos de millones de dólares cada año por vender lo que está en nuestras tierras, afirma.

El fondo del problema es aparentemente la riqueza natural. En diciembre de 2007, cuando el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y los gobernadores Cavazos y González Márquez se reunieron en el poblado Plan de Méndez, a unos 25 kilómetros de Las Pesadas, también dentro de la zona de conflicto, se acordó que la Federación proveería seguridad y servicios públicos, lo que se cumplió apenas unos meses antes de la salida de Ramírez Acuña, lo que permitió que Colima retomara el control de inmediato.

Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno de Jalisco, reconoció entonces que los intereses económicos eran la fuente de la discordia, lo que se notaba en la beligerancia de Colima para hcerse de la zona, para recibir parte de la tributación de grandes grupos mineros como Peña Colorada, de capital italiano y argentino, o la Minera Monclova, que cambió la razón social hace cuatro meses a Minera del Norte, que tiene décadas asentada en la región y es de capital regiomontano.

El gobernador Cavazos niega que el interés de Colima vaya más allá de la defensa de lo que considera su territorio.

–¿Qué tanto trasfondo hay de los intereses económicos mineros como origen y permanencia del conflicto?

–Eso se lo tendría que preguntar al gobierno de Jalisco, para ver cuáles fueron sus fines cuando interpuso esta controversia constitucional. Nosotros seguiremos siendo muy respetuosos de la ley, y por supuesto defendiendo a cabalidad nuestro territorio.

La controversia constitucional que promovió Jalisco en 1995, y que fue retirada de la Suprema Corte de Justicia a petición de Colima, fue retomada por el Senado de la República hace cuatro años. Desde entonces ahí permanece en un limbo jurídico, pues los legisladores no han aprobado siquiera una ley reglamentaria que les permita intervenir en los temas de conflictos territoriales.