La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Congreso de Puebla y al ayuntamiento de Rafael Lara Grajales de esa entidad por el secuestro de 21 migrantes centroamericanos cometido por policías municipales y presuntos zetas, con el propósito de extorsionar a los familiares de los secuestrados, residentes en Estados Unidos y cobrarles 3 mil dólares por cada uno para dejarlos en libertad.

Tras una investigación, el organismo acreditó violaciones a las garantías fundamentales a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personales, así como al trato digno en perjuicio los 21 ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, cometidas por servidores públicos adscritos a la policía municipal de Rafael Lara Grajales, además de violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídicas contra los mismos migrantes por el alcalde, Juan Abundio Pérez Altamirano, al estar obligado a garantizar la seguridad pública en ese municipio.

Los migrantes fueron privados de su libertad por sujetos armados, entre ellos presuntos zetas y policías municipales, quienes los interceptaron en las vías del tren y los trasladaron a un domicilio del poblado citado, donde los sometieron a amenazas, actos de tortura, crueles y degradantes.

El 12 de octubre de 2008, al mediodía, vecinos observaron que indocumentados corrían por las calles semidesnudos y con lesiones visibles, a que auxiliaron con ropa, calzado, comida y atención médica, en el exterior del palacio municipal.

La CNDH informó que el alcalde del ayuntamiento proporcionó información parcial sobre los hechos, por lo que demandó al Congreso estatal instruir proceso administrativo contra ese funcionario por su actuación omisa y que dé vista al Ministerio Público para que conozca de las conductas del edil.