La decisión que asumirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal en los próximos días no es sobre la veracidad de los hechos [de la masacre], sino por el debido proceso de quienes están acusados y plenamente identificados como culpables, pues en las pesquisas hubo un manejo deshonesto, que se hizo a propósito, para que no se concluya que son criminales, afirmó Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.

A casi 12 años de la matanza de 45 tzotziles –la mayoría mujeres y niños– perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al lado del obispo Samuel Ruiz García, afirmó que políticamente se quiere sacar la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente [Ernesto] Zedillo, su secretario de Defensa [Enrique Cervantes], y los jefes, tanto de la zona como de la región militar, en Chiapas.

Sin embargo, subrayó que el juicio de la historia ya lo tienen y la seguridad de que son criminales, pues el señor Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad y eso nadie se lo quita, pues reconoció que el riesgo de que se deje en libertad a los autores materiales es la impunidad.

Vera también alertó que en Chiapas no han dejado de actuar los paramilitares y se siguen entregando armas, pues la guerra contrainsurgente no ha desaparecido. Y esto es su fortalecimiento, es un apoyo más a la estrategia contrainsurgente que el gobierno federal ha elegido en colaboración con la administración estatal para enfrentar el caso Chiapas.

Tras advertir que se deja al país en la violencia cuando no se ejerce la justicia ni la persecución del delito, afirmó que es evidente que se está cubriendo a los responsables de ese crimen de lesa humanidad. Esto sucede, afirmó, no sólo en Acteal, sino con todos los desaparecidos y asesinados por los paramilitares desde el Estado mexicano y por el Ejército, de donde fueron sostenidos y financiados.

En entrevista, luego de participar en el segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, enfatizó que hay responsables del crimen, hay una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que está privando es la impunidad.

Insistió en que el asunto de la veracidad de los hechos está sin discusión, pues la actuación de los paramilitares está identificada perfectamente por los pobladores de la zona, y eso no está a discusión, y la SCJN sólo tiene que ver si está el debido proceso y que se rehaga el procedimiento.

El obispo de Saltillo también subrayó que en las pesquisas del caso Acteal nunca se aceptó que los responsables hubieran estado en asociación delictuosa. Por el contrario, siempre han dicho que actuaron de forma individual, lo que resulta muy curioso, pues es como decir que se encontraron de pronto para ver quién mataba a quién, y se olvida que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños.

Estado, caricatura

En México, afirmó, estamos viviendo una caricatura de Estado, pues así como se corre el riesgo de dejar impune el caso Acteal, también hay otros ejemplos como el gobernador de Puebla, Mario Marín, que sigue en plenas funciones, porque lo dejaron impune, y aunque la SCJN dice que sí encontró violaciones en su caso, no hay culpables, y esto sólo quiere decir que hay impunidad.

Recordó que también hubo violaciones en San Salvador Atenco, pero no hay culpables. ¿Qué quiere decir? Que hay impunidad. Esto es dejarle carta abierta a los criminales. Hay casos muy graves vinculados a las minas. Hay nuevos derrumbes y más muertos, pero a las viudas de Pasta de Conchos se les acaba de reprimir por tratar de impedir que un ex gobernador, Rogelio Montemayor, que es un defraudador de la nación a través de su papel en la dirección de Petróleos Mexicanos, se apodere de una planta minera, pero se le protege y se le manda toda la policía.