Defensores de derechos humanos alertaron que a las graves deficiencias en la procuración y administración de justicia en el país, se suma un doble discurso del Estado en la materia, lo que favorece un clima de criminalización contra quienes promueven el respeto a las garantías individuales. Hoy en día –agregaron– se intenta legitimar agresiones directas, como detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, desaparición forzada y asesinato.

En conferencia de prensa para dar a conocer las conclusiones del segundo Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, donde se demandó la creación de una instancia defensora en la que participe la sociedad civil, aseguraron que actualmente enfrentan no sólo los efectos de la creciente militarización del territorio nacional, que ha generado mayor número de víctimas de violación a derechos humanos, también un clima de acoso y agresión sistemáticos.

Encaramos una doble agresión: por un lado, el Estado, y por otro, grupos del crimen organizado que ven como un riesgo la labor que realizamos, lo que resulta muy preocupante ante un creciente proceso de criminalización del quehacer de los defensores, advirtieron.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que es alarmante que un sector de la sociedad considere que protegemos delincuentes, o que incluso algunos agentes del Estado nos vean como obstáculo o enemigos para el cumplimiento de sus funciones, pues se trata de caracterizaciones que contribuyen a legitimar los actos de agresión y hostigamiento.

A esto se suma –agregó– que las investigaciones sobre denuncias presentadas por defensores que han sido víctimas de alguna agresión por lo general carecen de eficiencia, seriedad, imparcialidad, exhaustividad y profesionalismo, pues lo que comienza como una denuncia por amenazas, con frecuencia termina en un escrutinio doloso de la vida personal del quejoso.

Édgar Cortez, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, afirmó que con el cierre de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Ayutla de los Libres, Guerrero –desde febrero pasado–, por falta de condiciones para realizar su trabajo, nunca en 25 años de lucha en México por la defensa de los derechos humanos había sucedido que una organización cerrara un espacio porque no hay garantías mínimas de seguridad.

Por ello, consideró que las condiciones que hoy enfrentan en todo el territorio marcan un proceso de regresión en el ámbito de los derechos humanos y en las condiciones de trabajo para los defensores.

Al respecto, Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, destacó que detrás de la criminalización de los defensores de derechos humanos está el que estorban porque denuncian, dentro y fuera del país, las condiciones reales que vivimos, y hacen patente la simulación en la aplicación de la justicia.

Enfrentamos una comprensión muy parcial de lo que debe ser un Estado, entendido nada más como un servicio a unos cuantos privilegiados, y uno de los temas más graves que debemos enfrentar es precisamente el tener un Estado que prácticamente se ha convertido en un representante de un conglomerado de empresas y que, por tanto, no quiere que exista la más mínima manifestación de que no está cumpliendo con sus obligaciones.