Buenos Aires, 9 de agosto. El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, advirtió hoy que de haberse registrado errores intencionales en facturas de luz y gas, que en algunos casos llegaron con aumentos de hasta 200 por ciento, podrían cancelarse los contratos de las empresas privadas que administran esos servicios.

Los aumentazos causaron conmoción en varios casos que no corresponden a zonas de alto nivel de vida, y los reclamos incluso originaron algunas protestas, especialmente después de recibir las nuevas facturas de luz que se agregaron a las de gas.

En este último caso el debate llegó al Congreso. Aunque hay varios sectores que admiten que las tarifas eran muy bajas, los aumentos en algunas zonas superaron por lejos lo esperado por la población.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió suspender la entrega de las boletas y realizar una auditoría urgente a las tres empresas distribuidoras, Edesur, Edenor, Edelap, fruto de las privatizaciones de los años 90, que cubren el área metropolitana.

En el Congreso se debaten los aumentos en sí, los subsidios gubernamentales a las empresas y también el tema de la política energética oficial.

El ministro De Vido en entrevista con el diario Página 12 señaló que hubo un incremento en los reclamos por la facturación ante el ente de regulación eléctrico, por lo cual se tomó la decisión de paralizar la facturación, especialmente porque desde octubre del año pasado no se había autorizado ningún aumento.

Es muy simple su evaluación el que gastaba cien kilowatios el año pasado y hoy gasta los mismo no puede pagar el doble, ni otro valor aumentado, dijo.

El funcionario también explicó que todos aquellos que consideran que el valor de la factura y el volumen consumido no es real debe presentar un reclamo en forma inmediata y será debidamente atendido.

El aumento sobredimensionado por los medios de comunicación, causó temor incluso en los sectores donde no llegaron tarifas aumentadas, aunque se explicó que el incremento eléctrico sólo llega a 8 por ciento de los hogares, 4 por ciento de los comercios y 2 por ciento de las industrias.

Pero otro debate fuerte se plantea en la sociedad después que a comienzos de la semana que pasó, el papa Benedicto XVI dijo que la pobreza en Argentina es escandalosa, como ya lo había mencionado el presidente de la poderosa Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcatti y sectores de ultraderecha local.

La declaración del Papa coincide con una fuerte andanada de la cúpula de la Iglesia aquí, algunos de cuyos obispos se expresaron duramente por la decisión de poner en marcha el plan de educación sexual en las escuelas. Fue una semana caliente en la que el debate se instaló en ambas temáticas.

Dirigentes de movimientos sociales y sindicales expresaron su rechazo a las manifestaciones sobre la pobreza de sectores que siempre actuaron en favor de los poderosos.

Carlos Castagnetto, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, admitió que la pobreza creció, pero nunca en 40 por ciento, como lo aseguró el titular la Pastoral Social, el obispo Jorge Casaretto.

Decir esto es comparar a la Argentina de hoy con aquella de la crisis de diciembre de 2001, sostuvo el ministro, al recordar que el gobierno tomó las políticas sociales como políticas de Estado, precisó que desde 2003 hasta ahora se pasó de un presupuesto de 800 millones de pesos a diez mil 500 millones, y el financiamiento es totalmente del tesoro nacional

También el cardenal Jorge Bergoglio durante una homilía en las últimas horas advirtió que es una injusticia que en nuestra patria querida a unos les falte el trabajo y el pan.

Desde algunos movimientos sociales le respondieron que reclame también a los dueños de la tierra y el poder que paguen los impuestos que no quieren pagar y que pongan en el sistema a los miles y miles de peones rurales, que están en el escalón más bajo del desamparo. Pero todos estos movimientos se han comprometido a actuar en conjunto ante estas situaciones.