ero y van… muchos más asesinados. Citemos los más recientes y comentados: primero fue Ildefonso Zamora, de 21 años, quien junto con su familia y otros campesinos defendía los bosques de la región de Zempoala, en los estados de Morelos y de México. Lo balearon el 15 de mayo de 2007 y entonces el licenciado Felipe Calderón ofreció a los deudos que el crimen no sería en vano ni quedaría impune. Mi gobierno se compromete, junto con las autoridades del estado de México, a que persigamos sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles el castigo que merecen. Los asesinos se esfumaron como por encanto.

En marzo de este año mataron en Guerrero a dos activistas ambientales: los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Su muerte es parte del clima de violencia en el que se cruzan la delincuencia organizada, el narcotráfico, la militarización y la represión institucional contra las organizaciones indígenas que reivindican sus derechos colectivos en esa entidad. Lucas era presidente y Ponce Rosas el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que desde su fundación ha padecido el hostigamiento de la fuerza pública y de las autoridades estatales y federales. Cabe recordar que la OFPM, como otras organizaciones, han denunciado en varias ocasiones los abusos que cometen en la región mixteca militares y policías locales y estatales; también exigen justicia en el caso de dos indígenas violadas por soldados, así como indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo engaños por la Secretaría de Salud. Las autoridades prometieron dar con el paradero de los asesinos, caiga quien caiga.

El 26 de junio pasado, en Ajuchiotán del Progreso, Guerrero, fueron ejecutados Leonel Castro Santana, de 28 años, y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, de 17, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Sus familiares aseguran que la muerte se debió a que los jóvenes defendían los bosques y que las instancias oficiales protegen a los asesinos. Las autoridades, nuevamente, prometieron investigar y detener a quienes acabaron con la vida de los dos activistas. Sus familias se quejaron por la forma prepotente en que fueron tratadas por integrantes del Ejército Mexicano al reclamar los cuerpos de los jóvenes.

Bueno es señalar que Leonel y Ezequiel formaron parte de la primera generación de ecologistas que encabezaron Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes estuvieron recluidos en la ciudad de Iguala, acusados de delitos que no cometieron. Que sepamos, en México todavía no se castiga con cárcel defender los recursos naturales. Cabrera y Montiel fueron liberados luego de una campaña nacional e internacional.

En el colmo, hasta funcionarios que buscan hacer cumplir la ley sufren amenazas de muerte. Es el caso de Raziel Villegas, quien trabaja en Quintana Roo como director de impacto ambiental y Zona Federal Marítima de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El motivo de la amenaza: clausurar en Cancún, por ilegales, los espigones y rellenos construidos con roca sólida para crear playas artificiales en los hoteles Gran Caribe Real y The Royal, pertenecientes al influyente Fernando García Zalvidea.

“Yo pensé que litigaba con hoteleros, no con un cártel; desconocía que hubiera un cártel interesado en temas ambientales, porque nosotros nos dedicamos a hacer valer la ley ambiental, no ninguna cuestión relacionada con el crimen organizado o el narcotráfico”, señaló Raziel. Cabe agregar que en otro hotel de García Zaldivea, el Porto Real, en Playa del Carmen, y pese a la protesta ciudadana, ilegalmente se construyeron espigones que han afectado las playas vecinas.

Antes, otro funcionario federal ambiental, Alfredo Arellano, fue amenazado de muerte en Quintana Roo por el empresario y actor Roberto Palazuelos. La causa: clausurarle el hotel que posee en terrenos del Parque Nacional Tulum, área natural protegida. Es costumbre que en vez de apoyar las acciones para hacer cumplir la legislación ambiental, las autoridades de ese estado protejan y apoyen a quienes las infringen.