on previsible diligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará este miércoles en favor de, al menos, la mitad de los presos por la masacre de Acteal, paramilitares tzotziles de Chenalhó que llevan una década purgando sus condenas en una cárcel chiapaneca. La evidente malhechura de su proceso fue siempre cuestionada por los organismos civiles que asumieron la defensa o la solidaridad con las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997 y contra la ofensiva paramilitar que asoló Chenalhó y dejó unos 12 mil desplazados internos.

Más de 6 mil de ellos siguen, casi 13 años después, sin casa ni tierras allá en las comunidades donde las familias priístas de los paramilitares arrebataron su patrimonio a miles y miles de hermanos suyos (o primos, sobrinos, suegros, vecinos).

La impunidad no es un tema anacrónico. Acteal es un crimen de Estado y los campamentos de desplazados sin solución y rodeados por el Ejército federal, fortificado en San Pedro Polhó (cabecera municipal autónoma zapatista), son la herida más abierta de esa guerra premeditada que los nuevos entusiastas buscan minimizar, relativizar, negar: pleitos de familias, rivalidades añejas, nota roja, arcanos precolombinos.

El preso Hilario Guzmán Luna, mencionado como ejemplo de inocencia por Ana Laura Magaloni (Reforma, 1º de agosto), a quien no se sabe por qué señalaron sin deberla ni temerla, semanas antes de la masacre se había revelado como organizador del grupo paramilitar en Pechiquil (ver Acteal: crimen de Estado, La Jornada Ediciones, 2008; página 81). Como tal, tuvo responsabilidad directa en diversas agresiones armadas y desalojos a finales de 1997, cuando los paramilitares no disimulaban, se sentían todopoderosos, alardeaban. Nunca fue juzgado por ello.

Acompaña a la inminente resolución de la corte una rutinaria blitzkrieg mediática de los abogados (y columnistas que los acompañan) de los paramilitares, presos desaseadamente como es hábito en México con cualquier indígena, pero no exentos de responsabilidad penal.

Un grupo de la élite intelectual, y esto es histórico, ha tomado decidida defensa de unos indígenas encarcelados, pues es hora de hacer valer las instituciones y poner a prueba la democracia que disfrutamos hoy, hoy. Da tristeza que este caso sea el que podría sentar precedente, y no Atenco, Oaxaca 2006, la ley indígena o Lydia Cacho. Ignacio del Valle no es un criminal sino un valiente luchador social, no mató a nadie pero lo quieren pudrir en una ergástula de alta seguridad por defender sus tierras. Y los criminales priístas de Oaxaca han vuelto a la high life.

La rápida aprehensión de un centenar de miembros del grupo paramilitar de Chenalhó en 1997-98 fue coyuntural y azarosa, pero no equivocada. Todos estaban identificados como miembros de la banda paramilitar por la propia población de Chenalhó, sin importar el bando. Habían tomado el control violento de las comunidades, desplazando o ex- pulsando a las autoridades tradicionales y a los opositores. En más de un caso eliminaron a correligionarios que no respaldaban su aventura (muertes que entonces se intentó atribuir a los contrarios, los autónomos, sin éxito). La banda de autodefensa contaba con un apoyo institucional, no por clandestino menos tolerado y evidente.

Lo cual queda fuera del horizonte de los paladines de estos indígenas atropellados, que sí lo fueron, pero no tanto por la forma en que fueron presos, como por caer en el juego contrainsurgente diseñado para ellos, una guerra absurda en términos comunitarios, un episodio irracional y dopado de sus vidas, propiciado (cuando menos) por inteligencia militar y los cuerpos policiacos.

El único error del gobierno de Ernesto Zedillo fue no intervenir a tiempo, dicen los paladines de hoy. Ignoran que el presidente y el gabinete especial dentro del gabinete concentrado en Chiapas se reunían constantemente, y todos recibían informes diarios. Chenalhó era prioridad, un foco rojo, no sólo para ellos (que sabían lo que hacían, con calculada sangre fría), también para la opinión pública. El drama era tal que hasta Televisa lo cubrió brillantemente gracias a Ricardo Rocha.

El último gobierno del viejo régimen (Magaloni dixit) hizo bien ese trabajo. Cortó a tiempo los hilos conductores, se quemaron pistas y se alteró la escena del crimen para que la masacre pudiera ser interpretada una década después como un enigma. Incluso los que tuvieron que pagarla, los indígenas que se aventaron el tiro, ven hoy diluidas sus responsabilidad. Sus armas, que tantos vimos y no eran cinco, ni nueve, nunca aparecieron (con la excepción del pequeño buzón de armas encontrado el año pasado y que sólo representaba un reducido número de las que se usaron).

Las deficiencias de nuestro sistema de justicia tienen la función de garantizar la impunidad oficial. La coartada del proceso mal hecho tardó 12 años, pero acabó funcionando hasta para los responsables materiales de la guerra encubierta.

Alguien en Yale está de plácemes.