Mazatlán, Sin., 10 de agosto. El gobierno de Sinaloa empleó asbesto en las viviendas que remplazarán las casas de los habitantes de seis pueblos afectados por la presa Picachos, material descontinuado en países europeos por provocar cáncer, informaron René Llanes Gutiérrez y Servando Rojo Quintero, maestros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Los académicos de la UAS expusieron, reunidos con los comuneros en este puerto, el diagnóstico al que llegaron basados en un recorrido que realizaron por cada comunidad que desaparecerá bajo las aguas de la presa, inspección realizada a solicitud de Octavio Atilano Román y María del Rosario Alapizco, líderes del movimiento de desplazados.

Señalaron que encontraron irregularidades en las nuevas casas, y sugirieron al gobierno de Sinaloa replantear las características de los asentamientos, para recuperar en lo posible los valores culturales perdidos por la desaparición de media docena de pueblos de los municipios de Mazatlán y Concordia.

Expusieron que durante una semana recorrieron las zonas que las aguas de Picachos anegarán, y encontraron fincas citadas por el historiador Eustaquio Buelna en 1877, donde la arquitectura y los espacios urbanos fueron respuesta a las condiciones climáticas, culturales y de recursos disponibles en el entorno, como una trasmisión de conocimientos de generación en generación.

Los expertos universitarios asimismo acusaron al gobierno estatal de destruir obras de valor arquitectónico y de gran antigüedad.

Llanes Gutiérrez y Rojo Quintero sostuvieron que las casas que se otorgan a los afectados no pueden considerarse dignas, sólo se trata de pies de casa de 36 metros cuadrados, ubicadas en terrenos inestables, en colinas y faldas de cerros, y debido al tipo de terrenos, hay el riesgo de deslaves, erosiones y derrumbes, que representan una amenaza para la integridad física de los moradores, además que no cuentan con servicio de agua potable.

Durante la exposición estuvo presente la legisladora local del PRD Graciela Domínguez Nava, quien acusó al gobernador Jesús Aguilar Padilla de inculto e insensible por destruir la historia y cultura de los seis pueblos perjudicados por la construcción de la presa.