Apenas concluyó la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se discutió el caso de la matanza de Acteal, Chiapas, Javier Cruz Angulo, joven abogado y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que junto con varios de sus estudiantes elaboró las demandas de amparo que ayer permitieron a 20 tzotziles obtener un fallo de libertad, afirmó: Hoy la Suprema Corte acaba de refundar el proceso penal, otorgando garantías para todos los indígenas que atraviesan por procesos penales.

Frente a una nube de reporteros, Cruz destacó que lo más importante de la resolución es que los ministros acaban de ingresar a nuestro sistema jurídico el concepto de prueba ilícita... para que nunca más se vuelvan a fabricar pruebas ni culpables.

El litigante estuvo acompañado por una docena de sus alumnos, pasantes de la carrera de derecho, quienes ayer dijeron tener un doble motivo para festejar: por haber ganado su primer litigio en las ligas mayores del terreno judicial (la Corte) y por el triunfo de la selección mexicana de futbol.

Durante la entrevista, Javier Cruz descartó la posibilidad de que tras este fallo de la primera sala, grupos de paramilitares revivan hechos de violencia o de venganza en Chiapas contra los sobrevivientes de la matanza de 45 tzotziles.

En ese contexto, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) anunció ayer que demandará al Estado mexicano finque responsabilidades judiciales en contra del ex procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar y el fiscal especial designado en su tiempo para el caso, Efrén Morales Pola, por haber encarcelado, con pruebas y testimonios fabricados, a unos 80 indígenas por la matanza en la comunidad chiapaneca de Acteal.

Luego de conocerse el fallo, el presidente de Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, informó en entrevista que ellos (los evangélicos) sí exigirán la reparación del daño por el encarcelamiento de decenas de indígenas inocentes, y aseguró que los afectados con más de 11 años de reclusión aún valoran interponer alguna acción legal en contra de quien resulte responsable.