El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos.

Por el multihomicidio, perpetrado en una ermita de la comunicad de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, fueron acusadas 124 personas; 75 de ellas permanecían purgando penas en prisión, pero a la fecha los autores intelectuales gozan de libertad. 

La determinación de la Suprema Corte confirma la tesis sostenida en las páginas de La Jornada en torno a la participación directa de altas esferas del gobierno panista e intelectuales afines para revisar el caso de los homicidas y su consecuente liberación utilizando la maquinaria mediática, en la que terminaron por involucrarse medios de comunicación privados y dependencias encargadas de formar opinión pública.

El origen del proceso revisionista se remonta al interés y pragmatismo político del pastor Hugo Eric Flores Cervantes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –dependiente de la SEP–, subsecretario del CEN del PRI con Luis Donaldo Colosio, asesor de Ernesto Zedillo, nombrado oficial mayor de la Semarnat por Felipe Calderón (cargo del que fue destituido por defraudación en los programas forestales de la dependencia), y a la fecha suplente de la senadora del blanquiazul María Teresa Ortuño.

Flores Cervantes fundó en 2002 la asociación política Encuentro Social, que desde entonces promovió la liberación de los homicidas de Acteal. En sus afanes, con las prerrogativas que recibió de los órganos electorales escribió un libro llamado El otro Acteal, hecho que fue denunciado por el IFE. 

El pastor prosiguió con su campaña para revisar el caso, y utilizó el membrete de su asociación política para dicho fin. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y tres años después fincó un acuerdo inusual con el PAN con objeto de respaldar la candidatura de Felipe Calderón, a cambio de 30 millones de pesos para impulsar candidaturas propias y ganarse el compromiso del abanderado a la Presidencia para revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la matanza de Acteal.

Un mes antes de la elección de 2006, en junio y posteriormente en diciembre de ese año, la maquinaria mediática para liberar a los responsables materiales de la masacre comenzó a funcionar. La revista Nexos publicó dos adelantos del nuevo trabajo de Flores Cervantes, en colaboración con Alejandro Posadas, titulado Acteal: la otra injusticia, en abierta defensa de los autores materiales. También el periódico El Universal llevó a sus páginas otras dos colaboraciones de Flores, con la misma postura.

El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático.

A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores.

Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación –además de Flores Cervantes– Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal.

Presentaban como inocentes a presos señalados como responsables e inventaron un enfrentamiento entre zapatistas y grupos armados de autodefensa para negar la existencia de paramilitares en Chiapas. Ese argumento, ligado al caso paradigmático, prefiguró la controversial decisión de la Suprema Corte.