Legisladores de PRD, PRI y PT señalaron que los amparos y la libertad concedida ayer por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los acusados por la matanza de Acteal, sólo agregan más incertidumbre sobre quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de esos hechos, ocurridos el 22 de diciembre de 1997.

El presidente de la Comisión del Cultura de la Cámara de Diputados, Alfonso Suárez del Real, afirmó que con esa decisión los ministros no llegaron al fondo del caso y facilitaron la impunidad de los autores del crimen, además de que favorecieron el manejo y la fabricación de pruebas, mientras los culpables permanecen en libertad o serán liberados.

Consideró que en la resolución de los ministros se contraponen dos principios fundamentales: el del artículo 17 constitucional, que garantiza el acceso expedito a la justicia, que es reclamo de las familias de las víctimas, y el de que ante la duda debe favorecerse al reo.

Explicó que si bien esto permite que la resolución sea pulcra en el procedimiento, al mismo tiempo la Corte genera una situación de enorme incerticumbre sobre quiénes son los culpables y quiénes inocentes, ante la manipulación facciosa del Estado mexicano que propició, para superar las críticas, las redadas para detener a los responsables y cubrir así el expediente.

El legislador perredista criticó que si bien algunos de los encarcelados como responsables puedan acreditar su presunción de inocencia, bajo ese principio se exonere a los responsables.

El diputado priísta Samuel Aguilar Solís sostuvo que el fallo de los ministros no sólo amplía el manto de impunidad en favor de los asesinos de indígenas, sino que se centró en los abusos del Ministerio Público Federal, que inició la investigación en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero no tomó en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familias cometidas por autoridades.

El diputado Silvano Garay Ulloa advirtió que la decisión de los ministros no consideró los signos de violencia que se generaron en Acteal ante la inminencia del fallo, por lo que la excarcelación de los sentenciados por la matanza tendrá efectos negativos en la comunidad.

El PT cuestionó la decisión de los ministros. En entrevista, el dirigente nacional petista, Alberto Anaya, señaló: ya llevan varias acumuladas. Está el tema de Atenco, el caso Lydia Cacho, la guardería ABC, y otra vez proyectan impunidad.

La secretaria de derechos humanos del PRD, Socorro Ceseña, señaló que no le sorprendió la decisión. Es algo que veíamos llegar porque sabemos que esa institución actúa por consigna en favor del gobierno federal, y como ejemplo tenemos casos como el de Lydia Cacho y el de Atenco.