Tras los amparos que concedió ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal, escritores, constitucionalistas, académicos, intelectuales, estudiantes y luchadores sociales, entre ellos Paco Ignacio Taibo II, Francisco Martínez Marcué, José Luis Alonso, Mario di Costanzo y Jaime Cárdenas, acusaron a los cuatro ministros que resolvieron el caso de intentar ocultar un crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente priísta Ernesto Zedillo; quien fuera su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el asesor de Francisco Labastida (quien sucedió a Chuayffet en Bucareli luego de la masacre), Adolfo Orive Bellinger.

En carta enviada a La Jornada, los firmantes destacan que además de los ex funcionarios mencionados también están acusados de promover la contrainsurgencia en Chiapas: Uriel Jarquín, ex subsecretario de Gobierno de esa entidad, y los generales Enrique Cervantes, ex secretario de la Defensa Nacional, y Mario Renán Castillo, ex comandante de la séptima Región Militar.

Señores ministros: el pueblo no es ingenuo. Ustedes afirman que el proceso no estuvo bien sustentado jurídicamente, pero a la vez intentan ocultar un crimen de lesa humanidad, destacan.

El mensaje que ustedes mandaron, señores magistrados, es que cualquiera que realice un trabajo sucio para el gobierno gozará de impunidad y será defendido por las autoridades, añaden.

¡Exigimos a los ministros de la Corte no acatar las órdenes de otros poderes, hacer a un lado la impunidad, para que la justicia los ilumine, y recuperar la autoridad moral y la autonomía que hace tiempo perdieron!, refiere la misiva firmada también por Paloma Sáez, Jorge Belarmino, Luz María Aguilar, Carlos Perzabal, Efraín Herrera, Socorro Viveros, Sergio González Marín, Sarita Ayala, Jesús Roldán, Alexander Martínez y Vera Urtaza.