La alternancia en el poder no fue suficiente para acabar con el sistema de impunidad del viejo régimen priísta, ni para sancionar a los responsables de crímenes cometidos en el pasado, afirmaron especialistas en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) al conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otorgar amparo a más de 20 indígenas presos, acusados de participar en la masacre de Acteal, perpetrada en diciembre de 1997.

Elisur Arteaga Nava, experto en derecho constitucional y catedrático de la UAM, señaló que con este fallo nuevamente se confirma que en México no hay estado de derecho y que las procuradurías sólo sirven a los intereses de una clase gobernante. En este caso, indicó, hay impunidad para ciertos servidores públicos, pero sobre todo para aquellos que se prestan a que el Estado reprima a las personas que disienten. Se trata de un proceso político.

Al preguntarle sobre la posibilidad de fincar responsabilidades a autoridades federales y estatales que incurrieron en irregularidades en la integración del expediente, afirmó que incurrieron en responsabilidades tanto el Ministerio Público como el juez; pero se presenta un problema, al menos en el caso del primero: que no habrá una persona determinada a quién fincar responsabilidad porque quien lo hizo ya salió (del cargo), así como el procurador, por lo que sancionar a alguien que ya no está en el ejercicio público, y cuya sanción debería ser retirarlo del cargo, ya no tiene objeto, por lo que finalmente derivará en una irresponsabilidad para quienes intervinieron en el proceso.

Subrayó que a pesar de que no es posible juzgar a los presuntos culpables dos veces por el mismo delito, existe responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, lo que podrían demandar las víctimas en los tiempos que marca la ley; en este caso de responsabilidades de funcionarios y daño patrimonial.

Ramiro Bautista Rosas, también catedrático de la UAM y especialista en derecho constitucional, afirmó que los viejos engranajes del sistema político mexicano no han cambiado nada con el arribo del PAN al poder, pues una vez más constatamos la vieja práctica de integrar con muchas irregularidades el debido proceso, para más tarde liberar a los responsables. Lamentablemente esto no es nada nuevo.

Por eso, enfatizó, será muy difícil reponer el proceso, no sólo por el tiempo transcurrido y la falta de posibilidades de obtener pruebas claras y contundentes, sino por la falta de voluntad para llegar a la verdad, a lo que no ayuda el actual sistema judicial mexicano.

Agregó que es preocupante que el mensaje para la sociedad es que el viejo sistema político y sus mecanismos de impunidad no han cambiado, y que la alternancia política simplemente los heredó para continuar su aplicación.