El discurso gubernamental en defensa de los derechos humanos de los niños contiene serias incongruencias, ya que a dos años de suscribir un acuerdo para prohibir expresamente en la legislación el castigo corporal a los menores en los ámbitos escolar, familiar e institucional, nada se ha hecho, señaló la organización Visión Mundial.

En el marco de la Semana contra la Violencia Infantil en Papalote Museo del Niño, Juan Antonio Vega, asesor de la organización, dijo que contra todo lo que se pudiera pensar, en el país no hay leyes que impidan el castigo corporal en instituciones y albergues que tutelan a menores, en escuelas, guarderías, en centros de justicia juvenil e incluso en el ámbito familiar.

Recordó los datos recientemente dados a conocer por el DIF, que contabiliza más de 60 mil denuncias anuales por maltrato infantil, cifra que es apenas una muestra de la realidad que vive la infancia en México, donde no existe una encuesta nacional en la materia, indispensable para elaborar políticas públicas eficaces.

En los últimos datos, que son de 2000, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), estimaba que la violencia infantil estaba presente en uno de cada tres hogares de la ciudad de México y la zona metropolitana; es decir, más de un millón de familias sufrían o ejercían la violencia contra niños. Además, señalaba que 50 por ciento de los agresores eran los jefes de familia y 44 por ciento alguno de los cónyuges.

Juan Antonio Vega señaló que en febrero pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que los países de América Latina deben tomar medidas positivas inmediatas para proscribir el castigo corporal y todo maltrato cruel y degradante contra los infantes, como lo han hecho ya Uruguay, Costa Rica y Venezuela.

El especialista dijo que México ha suscrito gran parte de los protocolos, convenciones y tratados internacionales sobre el tema, pero hasta ahora ha sido incapaz y no ha tenido la voluntad política suficiente para permear dichos documentos en la legislación nacional y de los estados. En este sentido, reconoció que en el Código Civil Federal se haya suprimido el derecho a la corrección infantil, pero dijo que esto no es suficiente todavía.

En términos de ley, agregó, es necesario legislar para prohibir expresamente el castigo corporal en todas las instituciones y ámbitos, incluyendo la familia, así como establecer sanciones de diverso tipo y más severas para los padres de familias, docentes o cuidadores que ejerzan cualquier forma de maltrato contra menores.