n una conferencia de prensa conjunta con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó ayer en Bogotá que lo más grave de la crisis ha pasado y que tal juicio no se contrapone con lo dicho dos días antes por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en el sentido de que el país se encuentra en una situación de “shock financiero”, la más grave en tres décadas, y ante la peor caída de su historia en materia de ingresos presupuestales.

Hay, por desgracia, numerosos factores en la realidad que contradicen la estimación de Calderón y que hacen pensar en que los procesos recesivos en cadena apenas se encuentran en el comienzo. Las brutales restricciones al gasto público, los incrementos impositivos que se anuncian desde ahora para el año entrante, el desempleo catastrófico, los cierres de empresas y los previsibles aumentos a las tarifas energéticas, entre otros, reducirán o cancelarán las posibilidades de una pronta reactivación económica, en la medida en que disminuirán las dimensiones del mercado interno o actuarán como freno a la inversión privada. Aun considerando que el gobierno federal sea capaz de paliar la caída de los ingresos mediante una combinación de déficit público, recorte presupuestal y aumentos a los impuestos, como lo señaló el gobernante mexicano en Colombia, parece imposible revertir, en el corto plazo, los impactos de la contracción económica sufrida en el primer semestre del año en curso.

Poco afortunado consuelo resulta, en tales circunstancias, el augurio fácil de que la economía crecerá en el próximo periodo: lo hará, sin duda, pero en una proporción mucho menor que el volumen que ha perdido desde los últimos meses de 2008; en otros términos, en una perspectiva bianual, habrá una disminución absoluta del producto interno bruto en 2009-2010 y lo más probable es que para la mayoría de la población las consecuencias de ese fenómeno se agudicen y agraven el año entrante.

Un dato que fundamenta esta perspectiva es la advertencia formulada ayer por el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en el sentido de que en septiembre próximo muchos ayuntamientos del país tendrán que quedarse con el presidente municipal y dos o tres gentes y cerrar sus servicios, así como gobiernos estatales que deberán suspender obras y reducir programas sociales, de agua y transporte, debido a los recortes derivados de la emergencia económica.

En los meses recientes, el curso de los acontecimientos ha dado invariablemente la razón a las diversas voces que, desde distintos sectores sociales, económicos y políticos, se han deslindado del optimismo y del triunfalismo oficiales y que han sido tachadas, desde el poder público, de catastrofistas: a fin de cuentas, y en todos los casos, los escenarios reales han resultado mucho peores que los descritos por el poder público.

Ahora, el afán por reducir una desastrosa recesión a un mero “shock financiero” del sector público, vuelve a parecer un exceso de optimismo y una línea discursiva que no corresponde con la seriedad, la objetividad y la franqueza que debieran caracterizar a las afirmaciones procedentes de la institución presidencial. El sostenido empeño por minimizar la crisis no sólo introduce factores de confusión y desinformación en la opinión pública, sino que, a fin de cuentas, contribuye a erosionar la de por sí desgastada credibilidad de los actuales gobernantes ante la sociedad.