Empleados de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) violaron en 2006 los derechos a la salud, la legalidad y la seguridad jurídica de una adolescente wixárika (huichola) del municipio de Tuxpan de Bolaños, al negarle atención médica y sicológica luego de un parto, sostuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en su recomendación 18/09, que emitió este jueves al Ejecutivo estatal.

La medianoche del 2 de febrero de 2006, la joven de 15 años acudió al centro de salud de Tuxpan de Bolaños para dar a luz. No halló alguien que la atendiera y se metió en un cuarto donde, hora y media más tarde, dio a luz. Cortó el cordón umbilical como pudo, arropó al bebé con la funda de una almohada y se fue.

Ante el rechazo de su pareja y el temor a ser reprendida por sus padres, a quienes ocultó el embarazo, entró en unos baños públicos, donde privó de la vida al recién nacido y regresó a su domicilio, relató el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Enfrentó acusación sin intérprete

Cinco días después, la menor fue entregada por autoridades de la comunidad indígena a policías que la llevaron al Ministerio Público, donde declaró sin la presencia de un intérprete. Su padre fue nombrado para que la acompañara en la declaración, pero como no sabe leer ni escribir, no le permitieron estar presente.

El 10 de febrero de 2006, la adolescente fue puesta a disposición del entonces Consejo Paternal para Menores Infractores, donde tampoco tuvo intérprete. El día 14 mes fue remitida al Centro de Observación de Menores del Estado, en cumplimiento de la resolución del consejo.

La CEDHJ acreditó que, meses antes, el centro de salud informó a la menor de edad que estaba embarazada, pero no la enviaron al servicio de sicología, pues enfrentaba un embarazo no planeado ni deseado y no tenía la madurez para ello, por lo que sufrió depresión posparto, aseguró Álvarez Cibrián.

La CEDHJ recomendó a la SSJ investigar al personal del centro de salud de Tuxpan de Bolaños y que facilite la reintegración de la menor de edad a su comunidad. A la PGJE le pidió considerar los usos y costumbres indígenas en sus procesos, y al gobernador, Emilio González Márquez, le solicitó garantizar los derechos de los indígenas en la entidad y formar un consejo estatal de parteras y médicos tradicionales.

Mientras tanto, en Veracruz, la organización civil Xochiquetzal y los colectivos Feminista de Jalapa y de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres señalaron que la investigación por ultraje sexual contra una adolescente indígena del municipio de Tempoal, que involucra al diputado local Celestino Rivera Hernández, del partido de la Revolución Democrática (PRD), no debe politizarse ni ser objeto de negociaciones entre partidos.

Aseguraron que se cuenta con peritajes médicos que confirman el abuso sufrido por la menor el 21 de junio, así como con testimonios de padres y vecinos, que señalan al legislador.