Caracas, 13 de agosto. La Asamblea Nacional de Venezuela debatía hoy una polémica ley de educación que es rechazada por opositores al considerar que aumentará el control del gobierno sobre escuelas y universidades, al tiempo que miles de partidarios y adversarios de la iniciativa realizaron marchas paralelas en esta capital.

Cientos de opositores que marcharon hacia la Asamblea Nacional para rechazar la ley y solicitar que se pospusiera su discusión fueron repelidos con gas lacrimógeno y chorros de agua cuando intentaron romper un cordón policial que los separaba de manifestantes oficialistas.

Del lado contrario, a pocos metros de distancia, miles manifestaron su apoyo a la propuesta que al cierre de esta edición era discutida en la Asamblea Nacional.

El ministro de Educación, Héctor Navarro, insistió en que urge aprobar la ley antes del regreso a clases en septiembre. Opositores, ONG y la jerarquía de la Iglesia católica calificaron de ilegal el instrumento, que es radicalmente distinto al sometido a primera discusión hace ocho años y que Chávez rechazó por considerarlo contrario a su proyecto político.

El gobierno pretende que la escuela sea (...) un centro para todos los problemas comunitarios y quiere introducir, sustituyendo a las comunidades educativas, a los consejos comunales que son, en la mayor parte de los casos, apéndices del partido de gobierno, dijo Leonardo Carvajal, de la asociación civil Asamblea de Educación.

Una docena de periodistas de La Cadena Capriles –entre cuyas publicaciones se encuentra el popular diario Últimas Noticias– fueron agredidos por personas no identificadas mientras repartían volantes en rechazo a la ley. Los periodistas se oponen al artículo 50 del proyecto de ley de educación, que prevé sanciones a los medios que que produzcan terror e inciten al odio.

Tu protesta no será escuchada. Los problemas de tu comunidad no se conocerán, rezaban algunas de las pancartas mostradas en la protesta.

La regulación educativa forma parte de una amplia ofensiva legislativa con la que el presidente Hugo Chávez pretende eliminar las leyes contrarrevolucionarias antes de diciembre, que incluyen modificaciones al régimen de propiedad y al ejercicio del periodismo.

Carvajal, quien participa en la organización gremial para estudiar las políticas públicas en el tema, aseguró que un puñado de artículos es perverso o negativo y que hay omisiones relegadas a futuras leyes y al currículo educativo.

En su búsqueda para formar al hombre nuevo que necesita su revolución, el gobierno propuso en 2008 un currículo bolivariano que fue ampliamente rechazado y no pudo ser implementado por ideologizante.

Uno de los puntos criticados al proyecto es que en la nueva ley, a diferencia de la vigente, no establece que el gobierno subsidie sueldos a escuelas privadas que trabajan gratuitamente en comunidades pobres, como la católica Fe y Alegría.

Cuando eliminas un derecho de esas características, estás dando un poder absolutamente discrecional al gobierno en turno para establecer si da subsidio o no. Y el gobierno del presidente Chávez se caracteriza porque cuando él hace una rabieta, chantajea con lo económico, dijo Carvajal.

Según el experto, el presidente puede hacer que la educación privada popular se pliegue a sus lineamientos.

Otra de las críticas está asociada al vacío sobre educación religiosa, que algunas organizaciones dicen que podría excluirse de las escuelas, aunque el gobierno lo niega.

La educación ha desatado conflictos en la década que Chávez tiene en el poder. En 2000, un polémico decreto sobre la supervisión de escuelas desató las primeras protestas fuertes contra la revolución y no pudo ser aplicada.

El gobierno asegura desde entonces que sus opositores usan la educación en campañas de terror en las que aseguran sin fundamento que el Estado busca quedarse con la patria potestad de los niños e ideologizarlos en el socialismo.

Sus adversarios critican el Proyecto de Ley Orgánica de Educación que reserva la formación de docentes al Estado, omite la regulación de sus derechos laborales, a diferencia de la ley vigente, y quita la potestad a universidades privadas de seleccionar a sus alumnos.