Frente a un caso de barbarie criminal, como el de los 45 indígenas masacrados en Acteal, la Suprema Corte respondió amparando a los asesinos y con ello ratificó el compromiso que ha adquirido para con los poderosos: convertirse en una ventanilla que expide cartas de impunidad y en garante de los políticos que cometen atrocidades contra civiles, como sucedió con los gobernadores de Puebla, Mario Marín (en el caso Lydia Cacho), y del estado de México, Enrique Peña Nieto (en el tema de San Salvador Atenco), sostuvo ayer la penalista Bárbara Zamora, abogada defensora en infinidad de causas sociales.

En entrevista con La Jornada, la litigante expresó su molestia y preocupación por el precedente que dejó la primera sala de la Corte en su resolución del pasado miércoles: A partir de ahora, todos los procesados y sentenciados por homicidio, narcotráfico, secuestro, delincuencia organizada o cualquier otro delito, sean inocentes o culpables, y que se les haya violado el debido proceso, van a promover amparos ante la SCJN para que ordene su libertad.

La abogada, quien ha redactado cientos de demandas de amparo por violación al debido proceso, falsificación de pruebas obtenidas ilegalmente por las policías y por testimonios inducidos, así como por otras irregularidades cometidas durante el periodo de averiguación previa, sostuvo: No conozco un solo caso penal que no haya tenido violaciones procesales. ¡Imagínese! La Corte les abrió la puerta a todos los sentenciados del país.

Bárbara Zamora destacó que los ministros fallaron en el caso Acteal en contra de sus propios criterios, lineamientos y jurisprudencias establecidas años atrás, a partir de asuntos anteriores. En incontables ocasiones la Suprema Corte me había negado amparos y tengo aquí una jurisprudencia de la primera sala donde dice que las violaciones en averiguación previa ya no son reclamables cuando se trate de la tramitación de un amparo contra sentencia de segunda instancia.

Zamora dijo que cabe preguntarse si los ministros tendrán capacidad para resolver lo que cientos de jueces y magistrados no han hecho en todo el país para desbaratar casos mal presentados por otros cientos de fiscales que cada día procesan a los mexicanos con pruebas, por decir lo menos, poco sustentadas.

Por su parte, el también abogado penalista Javier Castro Angulo, quien encabezó la defensa de los 20 indígenas tzotziles que ayer fueron excarcelados del penal de El Amate, en Chiapas, aseguró que él no está en favor de la impunidad en el caso de la matanza de Acteal, por lo que exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) a que vuelva a investigar para dar con los verdaderos responsables materiales y para castigar a los autores intelectuales que permanecen impunes de los hechos atroces del 22 de diciembre de 1997.

Incluso, el también profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) expresó que cualquiera de los ministros de la Corte debería hacer suya alguna petición que miembros de la organización civil Las Abejas hagan para que el pleno del máximo tribunal de justicia del país ejerza su facultad de investigación de la matanza de Acteal.

La Suprema Corte decretó el pasado miércoles la libertad inmediata de 20 sentenciados, quienes permanecían presos acusados de masacrar el 22 de diciembre de 1997 a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, en Acteal, Chiapas.