La dirigencia nacional del PRD se manifestó ayer por que rindan cuentas políticas los funcionarios que conocieron de los hechos de Acteal, entre los que se encuentran el ex procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar, el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y el entonces presidente Ernesto Zedillo.

Por su lado, el nuevo dirigente del PAN, César Nava, atribuyó el estatus de inocentes a los autores materiales de la masacre, y exigió a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública que inicien un procedimiento legal, por oficio, para castigar a los funcionarios que llevaron a prisión a los indígenas involucrados.

En tanto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, señaló que la determinación de la Suprema Corte de conceder el derecho de amparo y liberar a 20 indígenas relacionados en la matanza de Acteal es arrojar la nación a la violencia. Luego que no vayan a decir que en 2010 fue la conjugación de Marte, Júpiter, Saturno y no sé qué luna, la que hizo que los mexicanos se pusieran violentos. No, aquí tenemos quienes están violentando el país, dijo.

En entrevista telefónica, el prelado señaló que el dictamen refleja la falta de conocimiento de los ministros de la Corte respecto de la historia de México, de Chiapas, de los pueblos indígenas, del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos indígenas y de las acciones de los paramilitares en el país.

Con esos señores comenzamos a ser un país gobernado por orangutanes que ignoran además el derecho internacional y los acuerdos en materia de derechos humanos. Ya nos parecemos a Honduras, en donde se vale todo. Calificó la matanza de Acteal como un crimen de lesa humanidad y dijo que el proceso de la Corte no fue imparcial, porque familiares y víctimas de la acción paramilitar en Chiapas no fueron llamados a declarar. Ese juicio fue un monólogo, el derecho de amparo se les concedió sin ningún tipo de contraste, concluyó.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, destacó que la resolución da cuenta de la fragilidad, pobreza y debilidad del sistema de procuración de justicia. Los ministros dicen que las pruebas con las cuales se consignó a los indígenas son falsas. Entonces, las preguntas son: ¿quiénes son los responsables de los asesinatos de Acteal? ¿Quién tiene responsabilidad directa? ¿Quién tiene responsabilidad política? ¿Dónde están los culpables?

Pedro Vázquez, coordinador del próximo grupo parlamentario del PT en San Lázaro, sostuvo que el fallo castiga, menoscaba y vulnera el estado de derecho. Los ministros no están cumpliendo con su obligación y responsabilidad de aplicar la justicia en México. Argumentaron situaciones leguleyas y de violaciones al procedimiento y liberaron a los responsables materiales y directos de la matanza; de esa manera generaron un marco de impunidad.

Por otra parte, en Cuernavaca, Morelos, el dirigente del PAN, César Nava, resaltó que la Suprema Corte ha dictado sentencia definitiva y que el daño causado a esos indígenas no puede quedar en una simple disculpa. Los responsables de actuación ilegal en la procuración e impartición de justicia deben ser también sometidos a la acción de la misma justicia que ellos manipularon para perjudicar a personas inocentes, refirió.

Finalmente, en el estado de Guerrero el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad condenaron el fallo. Es pésima señal para los movimientos sociales de la entidad y del país, en donde estos grupos de paramilitares actúan en completa libertad e impunidad, afirmó Javier Monroy Hernández, coordinador de la primera organización.