Santiago, 14 de agosto. El gobierno de Chile defendió hoy su política indígena, condenó los enfrentamientos del miércoles en el sur del país por la reivindicación de tierras y atribuyó la muerte de un activista a grupos extremistas.

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet anunció asimismo ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en Ginebra, que existen condiciones favorables para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y que una acción en ese sentido podría ocurrir antes de finalizar 2009.

Dos días después de las protestas indígenas en reclamo de tierras, que acabaron en choques con la policía, el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, dijo que los sucesos en la Araucanía no ponen en cuestión las políticas que el gobierno está realizando desde el año pasado, y que tal vez este resurgimiento de los focos de violencia se deba el éxito de esa política.

El funcionario aseguró que una decena de grupos extremistas, en un conjunto de 2 mil comunidades indígenas concentradas en la región de la Araucanía, 650 kilómetros al sur de Santiago, son responsables de la violencia que ha recrudecido en esa zona desde hace tres semanas.

El activista Jaime Mendoza Collío, de 24 años, murió el miércoles en medio del violento desalojo de una propiedad privada que había sido ocupada días antes en la pequeña ciudad de Angol.

La policía argumentó que el oficial disparó en defensa propia en medio de una emboscada; según versiones de prensa, la autopsia reveló que el activista fue baleado por la espalda.

Hoy hubo nuevas protestas en el sur del país, en la zona de Ercilla, que han derivado en enfrentamientos con la policía, sin que se sepa de heridos o muertos.

Según fuentes oficiales, desde 1994 se han transferido más de 650 mil hectáreas a comunidades indígenas, 35 por ciento en el gobierno de Bachelet, quien el pasado jueves rechazó la violencia en la Araucanía e invocó al diálogo.