La Paz, 14 de agosto. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) formalizó en Santa Cruz la proclamación de la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones de diciembre próximo en el país altiplánico.

El secretario ejecutivo de la CSUTCB, Isacc Ávalos, criticó en su discurso a los sectores de la oposición, sobre quienes, dijo, existe la sospecha de los últimos atentados con explosivos que se perpetraron el pasado miércoles en La Paz y que hirieron a siete personas, entre ellos, a la esposa del líder campesino, Fidel Surco, reportó la oficial Agencia Boliviana de Información.

Mientras tanto, Morales dijo en un mitin en Santa Cruz que sus simpatizantes tienen que mejorar la votación en la región, porque la única forma de garantizar una revolución democrática y cultural es aplicando la Constitución Política del Estado boliviano y (ello requiere) una mayor cantidad de asambleístas, informó Reuters.

Por otra parte, en la oleada de falsas alarmas de bomba desatadas luego de los atentados del miércoles, una de ellas le tocó a la embajada de México en Bolivia, donde se realizaba hoy una recepción de despedida a la embajadora Roberta Lajous.

El inmueble de la misión diplomática tuvo que ser desalojado por la policía para que los bomberos revisaran las instalaciones.

En otro orden, familiares de desaparecidos denunciaron que el Ministerio de Justicia boliviano realiza de manera arbitraria e ilegal las exhumaciones de restos de guerrilleros en la zona de Teoponte ya que no se están cumpliendo los preceptos, normas y procedimientos que establecen para ello la Constitución, las leyes, la Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas y el protocolo de Naciones Unidas sobre exhumaciones.

Martha Montiel, hija del guerrillero chileno Tirso Montiel, uno de los que fue ultimado en 1970 por el ejército en Teoponte, región norte del departamento de La Paz, y Olga Flores, hermana del diputado Carlos Flores, desaparecido durante el golpe de Estado de García Meza en 1980, afirmaron que el Ministerio de Justicia desconoció el derecho de los familiares a estar presentes durante dichos trabajos de exhumación.