Entre los elementos más controvertidos en la liberación de una veintena de paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997 está el que haya salido con ellos Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los cinco asesinos confesos, y también uno de los autores de la versión de enfrentamiento con los zapatistas (la batalla que reiteran los defensores de este grupo).

El defensor y activista de derechos humanos Michael Chamberlin, con años de experiencia en las comunidades indígenas de Chiapas, señala sobre los paramilitares priístas: a pesar de la liberación no dejan de ser culpables.

Y considera: La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la Corte; de otra manera, la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre cuya foto aparece (exhibiendo un arma de alto poder) en el Libro blanco de Acteal, de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.

Añade que las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías federal y estatal, la pérdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso son la coartada perfecta para que hoy la Corte deje libres a los responsables materiales de la masacre.

Al tiempo de la ofensiva paramilitar en Chenalhó hace 12 años, Lorenzo Pérez Vázquez, de la comunidad Los Chorros, tenía 17 años, y seguía, se supone que ciegamente a Roberto Méndez Gutiérrez, otro de los asesinos confesos y jefe local, en Los Chorros, de la banda criminal que se extendió por medio municipio pedrano y llegó a tener más de 200 miembros comprobados.

Diez años después, en las declaraciones para la reconstrucción ministerial impulsada por la defensa del CIDE en 2007, Pérez Vázquez expuso su novedosa versión: Nos dimos cuenta de que la iglesia donde se reunían (las víctimas) estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia. La extemporánea versión ha dado pie a especulaciones que apuestan a la desmemoria y el paso de los años.

Los demás asesinos confesos, Roberto Méndez Gutiérrez, Alfredo Hernández Ruiz, Felipe Luna Pérez y Mariano Luna Ruiz, permanecen en la cárcel.

Procesión de indígenas realizada en 2007, al cumplirse 10 años de la masacre de ActealFoto Moysés Zúñiga Santiago

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó repudio y preocupación por la decisión que el pasado 12 de agosto tomaron los ministros de la primera sala de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, votando en favor de amparar y conceder la libertad de 20 paramilitares perpetradores de la masacre de Acteal y repusieron el procedimiento de seis, dejando pendiente de resolver sobre 31 personas.

Para el centro, que ha seguido el caso desde el primer momento, genera dudas la obvia contradicción del ministro Sergio A. Valls Hernández al votar en contra de la liberación de los autores materiales, siendo el responsable de atraer el caso a la SCJN, promovido por abogados del CIDE a favor de los 57 paramilitares, cuyo resultado deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y constituye un retroceso del escaso avance para castigar a los perpetradores materiales de la masacre.

Durante la deliberación de este acto vergonzoso, los ministros impidieron el acceso a la audiencia pública a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, siendo los agraviados directos.

Fomenta la Corte la impunidad

El CDHFBC sostiene que la Corte no actuó con la seriedad que merece el caso, al priorizar la valoración de los requisitos de forma sin indagar en el fondo y sin llevar a cabo una profunda argumentación jurídica dentro de la audiencia pública, frivolizando un caso tan grave y ominoso. Con esta acción, la Corte se convierte en un perpetrador más de la masacre de Acteal asumiendo su papel en la estrategia de contrainsurgencia, en el marco del conflicto armado no resuelto en Chiapas, dando pie a la tergiversación de los hechos del 22 de diciembre de 1997.

Su resolución profundiza el deterioro de las instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la justicia y las medidas de no repetición, ya que fomenta la impunidad, al ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores intelectuales, concluye el centro.