La huelga de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, era innecesaria, pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presionó a la empresa Arcelor Mittal para que no negociara con el sindicato minero, aseguraron ayer dirigentes de la organización en rueda de prensa.

Anunciaron que fueron sancionados 3 mil 200 trabajadores de la sección 147 de Monclova, Coahuila, y más de 700 de la 62 de Fresnillo, Zacatecas, a quienes se suspendieron sus derechos sindicales más de un año, debido a que cometieron traición, difamación y no acataron los acuerdos de las convenciones. Por el contrario, aseguraron, apoyaron al grupo opositor que encabeza Carlos Pavón.

Juan Luis Zúñiga Velázquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia, señaló que esta es la primer acción contra secciones que han cometido diversas violaciones a los estatutos y han traicionado la lealtad y la unidad. Sin embargo, dijo, más secciones podrían ser sancionadas en los próximos días. Explicó que en algunos casos hay que aplicar la cláusula de exclusión, porque el sindicato ha sido muy paciente con personas que están vendiendo el movimiento.

La suspensión de derechos sindicales implica, entre otras cosas, no dar validez a los acuerdos que tomen esas secciones. Después de que se cumpla un año se revisará si se levanta la sanción o se mantiene.

En cuanto a la huelga de la sección 271, Mario García Ortiz explicó que los trabajadores no están cerrados a alcanzar un rápido acuerdo para que el movimiento no se convierta en un conflicto político como el de Cananea.

Las causas del conflicto

Sostuvo que el paro laboral se originó porque Arcelor Mittal, que tiene otras tres compañías en la misma sección, quiere establecer un sistema para que los trabajadores sean multiusos y puedan ser cambiados a cualquier firma del consorcio para efectuar tareas diversas, lo cual iba a ser muy riesgoso para los agremiados.

Además, añadió, la empresa quiere recortar 20 por ciento de la plantilla de personal sindicalizado, a pesar de que tiene mil 500 contratistas o trabajadores no agremiados. Inclusive, les ofreció 7 por ciento de incremento salarial en lugar del 9 por ciento que ha dado a otras secciones en la revisión de este año. De igual forma, les propusieron ajustes raquíticos en prestaciones, como 5 pesos de aumento en ayuda para despensa, pese a que el año anterior fueron 20.

Todo ello fue lo que llevó a los trabajadores a votar de manera unánime en favor de la huelga y no la mentira de que la suspensión de actividades era chantaje para que se retiraran los cargos contra el dirigente del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, indicó Mario García.

Comentó que tienen tres fondos para soportar el movimiento, que en total suman entre 90 y 95 millones de pesos, con lo cual se podría sostener la huelga hasta un año, pero los trabajadores no quieren eso. Quieren, dijo, un acuerdo pronto y regresar a laborar. Por ello, no están cerrados a lograr un convenio que dé sustentabilidad a sus actividades. Empero, no han recibido ninguna oferta de la empresa, la cual fue presionada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que no negociara con el sindicato minero.