La Paz, 19 de agosto. El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial arreció en Bolivia después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que cambió de jurisdicción la investigación de un presunto grupo de mercenarios europeos que planeaba –según el gobierno– la secesión de la rica región de Santa Cruz y asesinar al presidente Evo Morales.

El gobierno ratificó este miércoles que planteará un juicio de responsabilidad en el Congreso contra los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, la máxima instancia del Poder Judicial, mientras la oposición política señaló que las autoridades quieren convertir a La Paz en el Guantánamo boliviano por su obstinación en que los procesos contra opositores se resuelvan allí.

Beatriz Sandoval, presidenta de la Suprema Corte, señaló que el fallo asumido fue en estricta sujeción a normas legales al defender decisión en la que se determinó que la Corte de Distrito de Santa Cruz definará qué juez debe investigar el caso de los mercenarios.

En abril pasado, un operativo policial en la oriental ciudad de Santa Cruz culminó con la muerte de tres personas y la captura de otras dos, entre ellas algunos europeos, quienes, según el gobierno, planeaban la separación de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, y el asesinato de Morales.

Para el gobierno es clave que la investigación continúe en La Paz, porque estima que el grupo, comandado por el ciudadano boliviano Eduardo Rózsa Flores, recibió apoyo financiero de la elite política y empresarial de Santa Cruz, y que ésta puede influenciar en la investigación.

Aquí hay un accionar político, hay una convivencia política de algunos actores vinculados con los comités cívicos de Santa Cruz con algunos jueces, afirmó hoy el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.

La oposición aseguró que el Ejecutivo quiere convertir a La Paz en un Guantánamo boliviano llevando a su jurisdicción todos los procesos contra los opositores, según el senador Luis Vásquez, del derechista Podemos.