La organización Familia Pasta de Conchos y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral presentarán en los próximos días información complementaria a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para poner en evidencia el estado de impunidad que promueve el gobierno de México en perjuicio de los trabajadores mineros y sus familias.

A 42 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, familiares de los mineros fallecidos marcharon a la Secretaría de Gobernación para solicitar el rescate de los cuerpos, y llevaron a cabo una misa afuera de las instalaciones de Grupo México.

En la homilía se dio a conocer un documento en el que se señala que hay la seguridad, como se tuvo al iniciar la reclamación en la OIT, de que nuevamente esta organización volverá a resolver a favor de los familiares de las víctimas, por lo que es inminente un nuevo revés en el escenario internacional para la administración de Felipe Calderón por su terca protección de Grupo México y otros empresarios de la zona carbonífera.

Esto es porque el gobierno de Calderón autorizó 23 concesiones más a Larrea, de Grupo México, para la explotación de minas de zinc, carbón, cobre, oro y plata en siete entidades del país.

En la información dada a conocer por la Familia Pasta de Conchos, se señala que durante su visita a Saltillo, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, reiteró el interés de su oficina por el caso de Pasta de Conchos, especialmente debido a la tensión provocada por el uso de la fuerza pública contra los familiares de los mineros fallecidos.