En México no existe una política industrial, que incluya una planeación de crecimiento por sectores, por región o tipo de empresa, y hasta el momento la actividad se ha comportado de acuerdo con la demanda del mercado, sin que se definan las zonas o los sectores que requieren mayor impulso, afirmó Miguel Marón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En entrevista con La Jornada rechazó decir si la industria en México ha fracasado, como afirmó recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero subrayó que frente a la crisis el sector manufacturero ha caído como ningún otro, tras acumular 11 meses con bajas consecutivas, alcanzando durante el primer semestre de este año una pérdida promedio de 15.1 por ciento, que es superior al nivel de contracción de la economía en general.

Miguel Marón Manzur agregó que antes de la crisis el sector industrial en el país fue también el que menos creció en los últimos años. Por eso la preocupación que tenemos como industriales, porque aquí es donde se genera el mayor número de empleos, expresó, y apremió a que se dé desde todos los ámbitos la atención necesaria al sector manufacturero, al sector industrial, porque cualquier país tiene que basar su crecimiento y su desarrollo económico en el crecimiento de las empresas.

Afirmó que se requiere un apoyo totalmente decidido a la industria establecida en el territorio nacional, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen 99 por ciento de las unidades económicas en el país, y de ese total 95 por ciento son microempresas. Todo este segmento, subrayó, genera más de 75 por ciento del empleo nacional y produce más de 50 por ciento del producto interno bruto, pero ante la debilidad del mercado interno, tienen un nivel ocioso de 55 por ciento de su capacidad instalada.

Por ello apremió a realizar de inmediato los cambios que se requieren para impulsar a la industria nacional, sobre todo a las empresas referidas, mediante una reforma integral que abarque los aspectos de competitividad, normatividad (ante la desventajosa competencia con productos extranjeros, contrabando y piratería), compras de gobierno y financiamiento competitivo, entre otros.