Lima, 23 de agosto. Teresita López está escondida. En algún lugar de la Amazonia es lo más que está dispuesta a revelar sobre su ubicación ahora que el gobierno peruano la ha puesto en la lista de los más buscados.

Las autoridades limeñas la acusan de incitar al asesinato, sedición e insurrección. Ella dice que todo eso es absurdo; lo único que ha hecho es proteger los derechos de la comunidad indígena peruana de la Amazonia, compuesta por unas 350 mil personas, y ayudarles a salvaguardar su modo tradicional de vida, amenazada por un presidente que se empeña en abrir la zona amazónica a compañías mineras, madereras y petroleras internacionales.

El pueblo indígena del Amazonas no le pide nada al gobierno porque éste jamás nos ha apoyado, dijo López en entrevista. Lo único que exigimos es que se respete nuestra forma de vida y el derecho que tenemos como ciudadanos a vivir en nuestra tierra, en la que nacimos y en la que queremos morir.

Las tensiones en este rincón de Sudamérica aparecieron en el radar internacional en junio pasado, cuando ocurrió una matanza que se dio a conocer como el Tiananmen de Amazonas.

Decenas de personas murieron y cientos más resultaron heridas cuando la policía peruana disparó contra multitudes que se manifestaban en una carretera cerca de la ciudad norteña de Bagua Grande contra los planes gubernamentales de vender tierras de los indígenas a corporaciones extranjeras.

Esto degeneró en una crisis política para el presidente Alan García. Su popular primer ministro Yehude Simón renunció a su cargo, en aparente protesta por la forma en que se manejó el asunto. Ahora, a más de dos meses de los trágicos acontecimientos, el aún tambaleante gobierno del presidente ha enfocado su atención en la venganza.

López, lideresa comunitaria de la tribu Yanesha, es una de las dirigentes más reconocidas de los indios de la Amazonia y se ha visto obligada a esconderse. Se arriesga a una condena de prisión perpetua si es arrestada y sentenciada.

Se nos ha acusado de sedición, rebelión e insurrección, explicó. Estos cargos fueron anunciados en una conferencia de prensa, lo que es una violación a todos los procedimientos legales. Para todo efecto, el gobierno nos persigue a los líderes, por trabajar para los pueblos indígenas y expresar sus demandas.

Las autoridades peruanas la acusan de ser responsable de incitar la matanza de Bagua el pasado 5 de junio, pero López dice que ella se encontraba ese día en Lima, que está a más de mil 400 kilómetros de Bagua Grande.

Los cargos que se le imputan se basan más bien en una conferencia de prensa televisada que ella dio en mayo, en la capital y la cual, según la fiscalía, contribuyó a desatar los disturbios. He sido acusada y se ha girado una orden de aprehensión en mi contra por estar sentada detrás de una mesa durante una conferencia de prensa, explica López. Ni siquiera dije nada. ¡Imagínese si hubiese abierto la boca!

La mujer, de 48 años, originaria de la región de Oxapampa, en el centro de Perú, dice que ha sido albergada por hermanos, familia y colegas del movimiento indígena.

Se le ha aconsejado que permanezca oculta o que busque asilo, pero que no trate de salir a limpiar su reputación. No tengo ninguna posibilidad o garantía de defenderme legalmente porque el Poder Ejecutivo está interfiriendo en las funciones del Judicial, afirma.

En el corazón de la disputa están las 13 leyes que reveló el presidente García el año pasado. Éstas amenazan con poner a disposición de compañías madereras, mineras y petroleras extranjeras 67 millones de hectáreas de la selva amazónica virgen para ser explotadas. Esto enfureció a los indígenas, quienes protagonizaron protestas en que exigieron se derogaran las leyes. Cuatro de las 13 controvertidas leyes han sido desechadas, pero aún quedan nueve de ellas sin tocar.

Stephen Corry, director de la organización Survival International (Sobrevivencia Internacional N de la T), un lobby con sede en Londres que trabaja en favor de las organizaciones tribales dice que el caso de Teresita ilustra claramente lo que ocurre actualmente en Perú. El gobierno de García está decidido a sabotear al movimiento indígena al obligar a sus líderes a exiliarse so pena de acabar en prisión, sostuvo Corry.

Alberto Pizango, líder de Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), un grupo que representa a 56 tribus, obtuvo asilo en Nicaragua junto con dos de sus colegas como resultado de la violencia y en calidad de perseguidos políticos. La nación centroamericana considera que estos hombres no tienen posibilidad de obtener un juicio justo en su país. El número de indios amazónicos que enfrentan cargos relacionados con la matanza que ellos atribuyen a la policía se ha disparado hasta llegar a 120.

Según grupos de derechos humanos, entre los que están siendo perseguidos figuran 48 indios que aún están hospitalizados y bajo tratamiento por las lesiones que sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad que abrieron fuego en junio pasado. Guardias armados vigilan las instalaciones médicas para garantizar que los indígenas Aguaruna y Wampi puedan ser arrestados y llevados a prisión en cuanto los médicos los den de alta.

El líder indígena Santiago Manuin recibió cuatro balas en el estómago en Bagua. Aún se encuentra en cama y con un catéter que le drena el intestino, mientras la puerta de su habitación es vigilada por cinco guardias armados con rifles AK-47.

Manuin declaró la semana pasada que la justicia no existe para los indígenas. El gobierno da más valor a la policía que a nosotros y no quiere reconocer su error.

Perú insiste a nivel oficial que sólo 33 personas murieron en Bagua, de las cuales diez eran manifestantes y 23 eran oficiales de policía armados; observadores afirman que hay muchos miembros de tribus cuyo paradero se desconoce hasta hoy. Reporteros en el lugar estiman que el saldo fue de al menos 60 muertos.

El gobierno peruano ha enfrentado críticas internacionales generalizadas por los asesinatos. Su ministro de Justicia fue hecho comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra este agosto, y un enviado especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Indígenas pidió una investigación independiente de los hechos.

Con retraso, dada la velocidad con que se están presentando cargos contra los líderes indígenas, Perú anunció finalmente esta semana acciones contra dos generales de la policía armados que estuvieron en Bagua a quienes acusan de homicidio, junto con otros 15 uniformados de inferior rango.

Está por verse si esto será suficiente para apaciguar a los opositores de García y reparar su reputación. Desde los hechos en Bagua, la aprobación del presidente en encuestas ha caído en 25 por ciento, y se dice que su antiguo aliado, Yehude Simón está considerando hacer una campaña hostil para quedarse con la presidencia del país.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca