La irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas obligó al Ejército Mexicano a modernizar su estructura operativa, material y de armamento; mejorar el adiestramiento de los soldados en territorio nacional y en el extranjero; modificar la división territorial, al reubicar y crear nuevas unidades, además de enfrentar los problemas de corrupción y falta de apoyos económicos que afectaban las condiciones de seguridad social, la moral y la vida de los soldados y sus familias.

Revela lo anterior el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 1988 a 1994, general Antonio Riviello Bazán, en El libro de Chiapas, de edición limitada, en el que detalla cómo la dependencia se preparó militar y logísticamente, 10 años antes de que estallara el conflicto, además de que utilizó la labor social para obtener información directa de las comunidades sobre la situación existente. Lo anterior sirvió al Ejército para prevenir de operaciones del movimiento que se estaba gestando, detectarlo y ubicarlo con toda anticipación, y que estalló el primero de enero de 1994.

No ha sido tomado en consideración que, sin la actuación efectiva de las fuerzas armadas, México tendría hoy un gobierno muy distinto al que actualmente nos conduce, sostiene en su libro, el cual, se sabe, generó molestia en el instituto armado.

El titular de la Sedena durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuestiona que el gobierno federal no haya tomado medidas a tiempo en contra de quienes apoyaron el movimiento armado, entre los que menciona a religiosos nacionales y extranjeros.

Lamenta que no se actuara conforme a derecho en contra de los transgresores, lo que dejó a nuestras excelentes tropas reprimidas y maniatadas frente a un grupo armado que los embosca y los mata. También critica a los que denomina la quinta columna o la quinta pluma, quienes desde dentro y fuera del país justificaron el movimiento armado.

Los focos rojos sobre la existencia de grupos armados en Chiapas datan del 17 de abril de 1971, cuando ocurrió un enfrentamiento entre soldados e integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional en las inmediaciones del rancho El Diamante, en el municipio de Ocosingo.

Después de un largo recuento, el divisionario da cuenta de la vista aérea de adiestramiento de transgresores en la región de la Cañada, los días 26, 27 y 28 de mayo de 1993, acciones que fueron hechas del conocimiento de las autoridades federales. Además se dio cuenta de un sinnúmero de robos, asaltos, secuestros y vejaciones a la sociedad civil, sin que ninguna autoridad civil u organización defensora de los derechos humanos se molestara en tomar conocimiento de estos penosos acontecimientos.

Riviello Bazán señala que las operaciones militares no sólo tomaron 12 días (antes del cese al fuego decretado por el presidente Carlos de Salinas de Gortari el 12 de enero de 1994), sino cinco años de duro adiestramiento, cuyo origen data de 1984, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, ordenó a la Inspección General del Ejército y la Fuerza Aérea que constataran las condiciones reales en que se encontraban las tropas en el sureste de la República, considerando como hipótesis: oponerse a una agresión proveniente del exterior o alteraciones al interior del Teatro de Operaciones del Sureste (Tose).

A partir de entonces, el Ejército creó en los estados de esa zona un órgano de inteligencia especializado, encargado de evaluar, interpretar, explotar y difundir la información necesaria, tanto para el orden interno como para realizar operaciones, y que al mismo tiempo fuera la base de una estructura nacional para desarrollar actividades de información.

El diagnóstico reveló que las brigadas de infantería contaban con una capacidad operativa muy baja; que no se tenía un sistema de logística adecuado; no existía la coordinación necesaria con autoridades civiles para la realización de la defensa civil; las bases aéreas de la zona tenían muchas deficiencias operativas, y no había coordinación con la Armada, entre otras cosas.

Ante la preocupación ineludible por la situación que guardaba el sureste, el Ejército, con la autorización presidencial, inició labores de acción social en 1989, con 2 mil 661 elementos. en 49 comunidades de los Altos de Chiapas.

Esto permitió a los soldados acercarse a las comunidades y obtener información posterior sobre la existencia de grupos armados en el lugar.

El alto mando ordenó optimizar el entrenamiento; reforzar la moral de las tropas y sus familias –con incrementos salariales, mejoramiento de prestaciones y vacaciones–, combatir y erradicar la corrupción en la Sedena, así como modernizar y unificar el armamento.

Revela que era práctica cotidiana el agiotismo de comandantes de unidades que prestaban a los soldados dinero a cuenta de su salario, además de que había corrupción en la compra de comida, vales de gasolina y uniformes, lo que en conjunto causaba impacto negativo en la moral de los soldados. Esas situaciones, asegura, se desterraron en su administración (1988-1994).

Ascensos a incondicionales

Afirma que también se erradicó la práctica de dar ascensos a unos pocos, preferidos o incondicionales, porque ello desmoralizaba a muchos jefes y generales. Estableció que para ser elegible a un ascenso se requerían cuando menos cuatro años de antigüedad, y no uno o dos como ocurría anteriormente.

Respecto de la preparación de los soldados, se creó el Centro de Adiestramiento de Operaciones en la Selva, con instructores nacionales preparados en el extranjero, que utilizaron las experiencias de otros países (Guatemala) en contra de la guerrilla; se formaron los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes); se dieron cursos de localización y desactivación de explosivos, minas y trampas explosivas, impartidos por oficiales de Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra y Chile.

De diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1994, mil 82 elementos del Ejército y Fuerza Aérea realizaron estudios en Inglaterra, Chile, Bélgica, Estados Unidos, España, Venezuela, Francia, Guatemala, Panamá, Alemania, Perú, Brasil, Canadá, Italia y Colombia

En cuanto a la modernización del equipo, en el contexto de las operaciones en Chiapas, la Sedena adquirió 30 teléfonos Intesat vía satélite; modernizó el servicio de transmisiones; unificó el armamento individual de todas las unidades operativas del Ejército y se adoptaron los fusiles HK (FA y G3); se adquirieron 500 fusiles Barret calibre 50 mm, 200 lanzagranadas MGL, mil 706 ametralladoras MK-19, 15 mil 158 aditamentos para lanzagranadas, 270 cohetes MK-1 y 500 lanzacohetes Blindice. Además se compraron 2 mil 205 vehículos de transporte de personal y 829 de reconocimiento.

La Fuerza Aérea también resultó beneficiada, ya que, por primera vez, se tomó conciencia de su importancia. Se construyeron bases aéreas y se mejoró la infraestructura.

Se adquirieron seis helicópteros Sykorsky Blackhawk, 17 aviones Pilatus PC-7, 20 helicópteros Bell 212, 22 helicópteros MD-530, 16 aviones Maulé, cuatro aviones Aravá, un avión Hércules C-130, además de simuladores y laboratorios.

De acuerdo con Riviello, “las tropas enfrentaron el conflicto en Chiapas con un alto grado de adiestramiento, lo que permitió una rápida intervención en el conflicto y obligó al EZLN a detener el impulso de sus operaciones y permanecer inactivo, como lo vemos hasta la fecha.

Precisa que el 31 de enero de 1993, a las 19:30 horas, se comunicó con el secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco, para informarle sobre la presencia de individuos armados en diversos puntos de los Altos, quien le hizo saber que ya había dispuesto que el gobernador de Chiapas, Élmar Setzer, reforzara con elementos policiacos las principales cabeceras municipales, y que mantenía la confianza de poder disuadir a los líderes del movimiento subversivo.

Mientras, la instrucción al Ejército era que se mantuviera únicamente en situación de alerta en sus cuarteles, y los soldados actuaron sólo después de que los zapatistas habían tomado las principales cabeceras municipales de los Altos de Chiapas, afirma.