Pese a que en los primeros acercamientos entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación se asumió la posibilidad de la coexistencia de dos instrumentos de identificación –cédula de identidad y credencial de elector–, en el IFE hay oposición abierta a esta ruta. La razón: el impacto negativo que necesariamente tendrá este proyecto gubernamental en la actualización del padrón electoral, el desaliento ciudadano ante la obligación de mantenerse al día en ese trámite y el consiguiente riesgo que ello implicaría para la elección presidencial de 2012.

El presidente de la Comisión de Organización del IFE, Marco Antonio Baños, advirtió sobre la inviabilidad de la coexistencia de ambos instrumentos. Desacreditó la postura oficial que fijó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, tras la reunión con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando se habló de coexistencia y complementariedad entre documentos.

“La credencial de elector no puede coexistir con ningún otro instrumento de identidad, porque se desalentará la asistencia de los ciudadanos a los módulos del Registro Federal de Electores y se generará un esquema de desactualización del padrón electoral, que no conviene ni a los partidos ni a las instituciones ni, desde luego, al IFE.

Baños señaló la necesidad de que una vez instalada la nueva legislatura el Congreso asuma una postura, la cual, a su juicio, debe optar por apuntalar la credencial de elector como único instrumento de identificación. Citó el hecho de que la inversión originalmente anunciada por el gobierno federal para impulsar la cédula de identidad fue de 3 mil millones de pesos, pero recientemente se habló de 4 mil 500 millones.

Sostuvo que en las condiciones actuales es una partida demasiado elevada, por lo que deberían ponderarse las ventajas que supondría apuntalar la credencial de elector como instrumento de identificación, y dar al IFE facultades legales para dotar de filiación oficial a la población que no es mayor de edad.

Esta opción implicaría ventajas financieras y logísticas: el IFE cuenta con la experiencia y la infraestructura en todo el país que le ha permitido mantener un padrón de 78 millones de personas. El costo que implicaría identificar al resto de la población para sumar la totalidad de 106 millones de mexicanos sería menor para el IFE que para cualquier otra institución de la administración pública federal.

Baños negó que la posición de Valdés Zurita pudiera asumirse como oficial y definitiva, en la medida en que si bien es respetable su posición, en el IFE se asumen decisiones de manera colegiada y en el marco del Consejo General, donde no nada más participan nueve consejeros, sino también los representantes de los partidos políticos.