El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal no descartó que la interrupción legal del embarazo en la ciudad de México se vea amenazada ante el aumento en el número de estados que están modificando sus constituciones para penalizar el aborto.

Sin embargo, confió en que el sistema jurídico mexicano y las instancias internacionales sean capaces de demostrar la constitucionalidad de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestión, para que la ley antiaborto no adquiera carácter federal.

El gobierno de la ciudad de México, en coordinación con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir realizó el primer Panel conmemorativo del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Asistieron al acto la titular del instituto, Martha Lucía Mícher Camarena; la consejera jurídica del Gobierno del DF, Leticia Bonifaz Alonso; la presidenta de Andar, María Eugenia Romero, y Lorenzo Córdova, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mícher Camarena sostuvo que las reformas realizadas en 15 estados de la República están incurriendo en lo que jurídicamente se conoce como agravio comparado, es decir, a algunas mujeres se les niegan derechos que otras tienen según la entidad federativa en la que radiquen. Además, es agravio comparado porque estas modificaciones son una amenaza para las que aspiran a ampliar o ejercer sus derechos, porque sin razón, sin amparo legal, sin argumento, casi sólo como castigo, se les niega decidir.

Por su parte, Bonifaz Alonso informó que, de acuerdo con cifras oficiales, del 27 de abril de 2007 –cuando se aprobó la despenalización del aborto– al 24 de agosto de este año, al contrario de lo que auguraban las posturas opuestas a esta medida, el número de solicitudes para interrumpir embarazos se mantuvo contante respecto a años anteriores. En dicho periodo, 50 mil 963 mujeres solicitaron información sobre el legrado y 29 mil 212 se realizaron uno, de las cuales, mil 647 son menores de edad.

Asimismo, llamó a no preocuparse por lo que está ocurriendo en los estados, ya que el sistema jurídico mexicano es suficientemente coherente para no permitir una reforma constitucional que garantice la vida a partir de la fecundación. Es imposible que un Estado garantice lo que ni la biología puede garantizar.

En contra de este llamado, Lorenzo Córdova dijo que con el avance de las modificaciones constitucionales locales no sólo está en riego la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el DF, sino también el carácter laico del Estado mexicano.