El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció que entre empresarios y consultores financieros circula ya el proyecto de paquete fiscal que Felipe Calderón hará llegar al Congreso en septiembre, en el que se propone incrementos mensuales de hasta 1.5 en gasolina, electricidad, autopistas y agua, además de aumentos a la mayoría de los impuestos.

Se incluye, dijo, gravar el consumo de alimentos y medicinas con un porcentaje de 2 a 4 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA). Es una pieza de terrorismo fiscal e irresponsabilidad mayúscula, pero el gobierno tiene ya planteada la negociación con el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados.

Sostuvo que la estrategia de Calderón, según la confirmó a los empresarios que les son afines, es proponer incrementos por arriba de esos porcentajes y ante la ola de protestas de todos los sectores económicos y sociales, priístas y panistas en el Congreso procederían a atender supuestamente esos reclamos, bajándole un poquito a la propuesta, pero dejando aumentos mensuales a tarifas de servicios públicos y gravámenes.

Detalló que uno de los dirigentes empresariales que tuvo acceso al proyecto fiscal para 2010 le desglosó en detalle las pretensiones de las autoridades hacendarias. Se plantean aumentos mensuales en la mayor parte de los precios y tarifas del sector público. Estos incrementos irían de 0.5 a 1.5 por ciento mensual a gasolina, diesel, gas doméstico, servicio eléctrico, autopistas y agua.

Con ello, en 2010 se espera recaudar hasta 25 por ciento más de lo que ahora se obtiene por esos servicios. El gobierno federal plantea además elevar entre uno y 3 por ciento el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a depósitos en efectivo (IDE), gravámenes que los propios empresarios rechazan.

El legislador del PT dijo que le parece contradictorio que el secretario de Desarrollo Social (Sedeso) reconozca que hay peligro de estallido social en el país y al mismo tiempo Calderón tenga listo un proyecto fiscal que implica más impuestos y servicios públicos más caros y será la puntilla a la economía familiar y popular.

“Con miles de empresas cerradas o en quiebra y más de 2 millones de mexicanos sin empleo, el gobierno no se tienta el corazón para tratar de sacar dinero hasta por debajo de las piedras.