El riesgo de un estallido social aumentará de aprobarse un alza en los impuestos y tarifas de los servicios públicos (gasolina, electricidad y agua) o bien si se realizan más recortes presupuestales en programas sociales, advirtió Iván Franco, director de Consultores Internacionales.

Además, dijo, aumentar impuestos y tarifas de servicios puede derivar en presiones inflacionarias, una carga adicional que tendrán que costear los consumidores y que deteriorará las expectativas de recuperación y crecimiento para la economía nacional.

Es un error crear nuevos impuestos y elevar las tarifas de servicios clave cuando la economía ya está en depresión porque lleva tres meses consecutivos a la baja. Si se aprueban dichas alzas se profundizarán los efectos de la crisis, pero parece que el gobierno no lo entiende pues su lógica está enfocada a conseguir más ingresos porque si no México corre el riesgo de que las consultoras internacionales le bajen la calificación crediticia, expuso a su vez Roberto Galván, presidente de la consultoría Vanguardia Investment.

Hasta los libros de texto en economía advierten que si un país está en depresión y se le quitan más ingresos vía impuestos, entonces tardará más la recuperación económica, alertó.

Por ello, el gobierno federal debe allegarse recursos desde otras vías como aumentar el déficit público de manera temporal y con ciertas reglas de control, a fin de que pueda revertirse a mediano plazo y el endeudamiento que contraiga por gastar más de lo que recibe no se convierta en un problema como antaño, propuso Iván Franco.

Al respecto, la agencia Notimex informó que las calificadoras internacionales podrían bajar la calificación sobre México si el paquete económico para 2010 contempla un mayor endeudamiento público. Si no se mantiene la disciplina fiscal y se aprueba un mayor endeudamiento, se corre el riesgo de que las calificadoras rebajen la nota soberana de México, explicó a Notimex César Castro Quiroz, del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (CAPEM).

En tanto, el sector empresarial no ha cejado en demandar a la próxima Legislatura que apruebe la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a alimentos y medicinas.

La víspera y desde León, Guanajuato, Salomón Presburger Slovik, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) fue más lejos en dicha petición al plantear que el IVA se aplique de manera generalizada a todo tipo de productos, mientras que para alimentos y medicinas aumente de manera gradual.

El escenario ideal es llegar en el futuro a un IVA generalizado de 10 por ciento, no sólo en alimentos y medicinas, sino total, pero planteó que para el año próximo se apruebe por lo menos un gravamen del uno por ciento.

A la par de tales medidas, el dirigente empresarial exigió la eliminación de otros impuestos que paga actualmente el sector privado, como el IETU y el ISR, con el fin de que toda la población pague impuestos equitativamente.

Los empresarios del país, dijo, no pueden pagar más tributos: si pagamos más simplemente vamos a despedir gente, vamos a ser menos competitivos, el entorno no va ser el correcto.

Un día antes Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, abogó por la aplicación inicial de 3 o 4 por ciento del IVA en alimentos y medicinas y justificó la medida al asegurar que pagarían más quienes tienen mayor ingreso y gastan más.

Sin embargo, los consultores financieros Iván Franco y Roberto Galván acotaron que no debe perderse de vista que los sectores de menores ingresos de la población destinan entre 30 y 40 por ciento de sus recursos a la compra de alimentos, mientras que la población más rica apenas gasta 13 por ciento de sus ingresos en dicho rubro.

Con una distribución del ingreso tan dispar como existe en México, gravar alimentos y medicinas así sea con una tasa supuestamente baja afectará a grupos tan vulnerables como las personas de la tercera edad de bajos ingresos que requieren comprar medicamento, abundó Roberto Galván.

Si sólo se aplicara una tasa de 4 por ciento en el IVA se desataría una inflación que hasta hace poco estaba controlada, en detrimento del poder adquisitivo.

Uno de los puntos más importantes para mantener la paz social es contar con empleos y un poder adquisitivo comprobado, así que con 1.8 millones de empleos perdidos durante la actual crisis, no es momento adecuado para elevar los impuestos porque la situación se agravaría, el gobierno tiene que echar mano de otros recursos, sentenció Iván Franco.

Iván Franco y Roberto Galván señalaron que pueden llevarse a cabo recortes al presupuesto, pero en gastos suntuarios, protegiendo como prioritarios los programas sociales.