Tegucigalpa, 29 de agosto. Alrededor de 30 hombres, mujeres y niños de la etnia lenca de Honduras son los guardianes de la embajada de Venezuela en Tegucigalpa, donde sólo un diplomático se mantiene desafiando la orden de expulsión que hace más de un mes emitió el gobierno de facto.

Leales al presidente constitucional Manuel Zelaya, los indígenas permanecen en la parte exterior de la residencia diplomática, sentados directamente sobre la acera o en rústicas esteras que amortiguan la dureza del piso.

Se les ve bajo un toldo y con una mesa con utensilios de cocina, evidencia de que allí mismo se preparan y consumen los alimentos, para no tener que abandonar la vigilia en ningún momento.

Estamos aquí por solidaridad con el pueblo venezolano, porque este gobierno golpista (de Roberto Micheletti) quiere expulsar a los compañeros (diplomáticos), explicó Juan Vásquez, que actúa de improvisado vocero del grupo.

En realidad en el interior de la embajada sólo se encuentra el encargado de negocios Ariel Vargas, luego que el 21 de julio el régimen de facto ordenó la salida de Honduras de todo el personal diplomático venezolano, en represalia por las críticas del presidente Hugo Chávez al golpe de Estado.

Caracas mantiene a Vargas al frente de la misión diplomática para hacer patente que no reconoce al gobierno de Micheletti.

Y nos solidarizamos con ellos porque nunca nadie se había solidarizado con nosotros los lencas como Venezuela, a través de la Alba (Alternativa Bolivariana de las Américas), explica Vásquez.

Por primera vez ha llegado a las comunidades lencas que habitan la zona occidental de Honduras –Lempira, La Paz, Santa Bárbara y Comayagua– asistencia médica gratuita y de calidad.

“Los médicos venezolanos y cubanos, que forman parte del programa Operación Milagro, han curado a muchas personas, y a otros que lo han necesitado los enviaron a operarse a Cuba o a Venezuela”, afirma Vásquez.

“Otro logro –agrega– es el programa Yo sí puedo, que ha ayudado a alfabetizarse a muchos lencas que no sabían escribir ni leer. Cuando el huracán Mitch” que devastó a Honduras en 1998, fueron ellos los primeros que llegaron a la zona para ayudarnos.

Estos son algunos de los programas que el gobierno de Venezuela financió en Honduras, tras el ingreso de este país centroamericano a la Alba hace un año, bajo el gobierno de Manuel Zelaya.

Los lencas quieren el regreso de su presidente, el que dicen que más se ha preocupado por ellos, y están convencidos que más tarde o más temprano regresará.

Asimismo, miembros de las tres confederaciones campesinas de Honduras mantienen ocupado el Instituto Nacional Agrario, una protesta que comenzó días después del golpe militar.

De su lado, el ex embajador hondureño ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Carlos Sosa prepara una resolución para que los 33 países miembros rechacen la celebración de elecciones en ese país mientras continúe la crisis política.

La resolución debe ser asumida por al menos una delegación presente en el Consejo Permanente de la OEA, puesto que Honduras fue suspendida tras el golpe de Estado del 28 de junio. El texto sería presentado el martes, el mismo día en que Zelaya, intervendrá ante los embajadores en sesión especial.

Estamos redactando un proyecto de resolución que aparte de aumentar la presión sobre la gente del golpe, incluye el desconocimiento de todo proceso electoral que se lleve a cabo bajo la tutela del régimen, declaró Sosa.

Los países miembros de la OEA condenaron unánimemente el golpe de Estado contra Zelaya, por lo que la resolución tiene todas las probabilidades de ser discutida en el Consejo Permanente.

Su aprobación, sin embargo, debería ser por unanimidad, como acostumbra a proceder la OEA. La resolución expresará su apoyo a las gestión de José Miguel Insulza y la preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras, añadió el ex embajador.

Honduras debe celebrar en principio elecciones presidenciales el 29 de noviembre, aunque la OEA y la comunidad internacional exigen que Zelaya retorne antes para terminar su periodo.

Bajo un estado de sitio, donde el estado de derecho no existe, estimamos que ninguna elección puede tener validez, advirtió Sosa.

Una delegación del régimen de facto presente en Washington propuso que Zelaya y el líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, dimitan para que una tercera persona asuma el cargo, confirmó Sosa. Fuentes de la OEA dijeron por su parte que esa delegación se reunió con Insulza el jueves.

Responsables del Departamento de Estado estadunidense también acudieron a la cita, declaró el portavoz Ian Kelly. Hemos visto la propuesta. Estamos trabajando estrechamente con la OEA. Estamos dejando que la OEA tome el timón sobre esto, explicó.

Zelaya podría volver al país, pero como simple ciudadano. Sosa precisó, sin embargo, que él no estuvo presente en esa negociación, pero que al ser consultado, como representante de Zelaya en Washington, la rechazó de plano.

Nosotros no asistimos más a reuniones con delegación alguna de Micheletti, dijo. Una propuesta para que Micheletti y Zelaya renuncien al poder, que ya fue formulada antes, nos parece una broma de mal gusto, explicó.

La presión sobre el régimen de Micheletti crece en la región tras el fracaso esta semana de la misión de cancilleres de la OEA. Estados Unidos anunció que suspendía el servicio de visas para no inmigrantes en Honduras, y adelantó que prepara nuevas sanciones.

El viernes, el gobierno de facto entregó al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, una contrapropuesta a la Propuesta de San José, el plan propuesto por Arias para lograr la reconciliación en Honduras, anunció la vicecanciller de Micheletti, Martha Alvarado.

En declaraciones a la prensa declaró que no podía divulgar su contenido hasta que sean conocidas en la mesa de negociación.

Sobre la posibilidad de que Zelaya y Micheletti renuncien y se designe a una tercera persona presidente provisional en la línea de sucesión constitucional, lo que en Honduras se ha denominado una tercería, Alvarado dijo que es una de las posibilidades que han estado en el ambiente acá.

No obstante rechazó de plano que otra de las opciones de la contrapropuesta sea la constitución de una junta de gobierno designada por consenso, que se mantenga en el poder un año hasta la elección de un nuevo gobierno, como dijo Porfirio Lobo, candidato presidencial del Partido Nacional.

Micheletti dijo estar dispuesto a renunciar al gobierno por la paz, y mantuvo invariable su posición de que Zelaya no debe volver a la presidencia, y que al menos por un año no podrá retornar al país.

Sin embargo, fuentes de la OEA han dicho que el regreso de Zelaya a la presidencia es una condición no negociable en cualquier escenario de solución para la crisis de gobierno en Honduras.